Al hablar de  plaguicidas hay que recordar que son químicos diseñados como biocidas, que datos internacionales consideran que solo un 10 a 20% de los productos en circuitos comerciales ha recorrido en forma completa los protocolos de estudio experimental y que en ningún caso, obviamente,  han sido evaluados teniendo en cuenta los efectos en humanos a mediano-largo plazo. La escena se completa sabiendo que la vigilancia epidemiológica de casos ( agudos, subagudos, crónicos) relacionados con plaguicidas no es una actividad favorecida desde las instancias de la Salud Pública: depende de la voluntad y el interés de algunos actores particulares sobre algún relevamiento puntual de información al respecto y, en manos del Estado, del análisis -sesgado por subnotificación- de la información levantada periféricamente y remitida a los niveles centrales a través de las planillas C2 (Ley 15.465). Como ejemplo de toxicovigilancia, el Sertox ha cumplido un rol encomiable en la identificación y notificación de algunos efectos tóxicos no informados por los fabricantes, como ocurriera con el registro de rabdomiolisis secundaria a la exposición al dicamba (1) (contribuyendo a una descripción más completa de la toxicidad aguda por este plaguicida). También en la difusión de efectos conocidos pero no ampliamente difundidos, como sucedió  con las intoxicaciones emergentes con amitraz (2), las muertes por intoxicación con glifosato en Santa Fe (3) e intoxicación con clorpirifos en un niño (4).

En el caso de la lectura crítica del informe del CONICET (Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente) (5)- cuyo objeto es traer a la discusión los criterios con que se encaran algunos estudios – elegimos dos frases, dentro de las conclusiones, que consideramos conceptualmente esclarecedoras del enfoque dado al estudio de investigación bibliográfica realizado.

1)     “Si se efectuara un uso responsable del herbicida, el consumo de alimentos y agua de bebida que contengan residuos de glifosato y su metabolito, no implicaría riesgo para la salud humana”. (Página 128)
2)    Refiriéndose a animales de experimentación dice: “las hembras preñadas son más susceptibles que los machos de su especie. Sin embargo, estos efectos son observables con vías de ingreso al organismo y a dosis difícilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma apropiada”. (Página 128)

Si se usa “en forma responsable y se aplica en forma apropiada… no implicaría riesgo para la salud”. Igual ocurre con la aspirina. De hecho, igual ocurre con el Cobalto o el Uranio. O con el paratión, un ejemplo vernáculo casi paradigmático. Si el paratión  se hubiese usado “en forma responsable” y aplicado “en forma apropiada”, no se hubiesen registrados cientos de muertes en Argentina. Nueve de los 10 casos letales por plaguicidas registrados en el Sertox entre 1977 y 1985 y 8 de 11 casos letales en el período 1990-1994 correspondieron a intoxicación por paratión. El último registro en Sertox corresponde a 1995 y debe aclararse que en la ciudad de Rosario y su zona de influencia se han registrado,  entre 1977 y 1994, más muertes por paratión que los 21 casos mencionados (6, 7, 8) (por ejemplo personas que murieron sin llegar a recibir atención médica). En Argentina se restringió su uso en cultivos fruti-hortícolas en 1991 (Resolución SAGYP 10/91) y recién en 1993 se prohibió totalmente (Resolución SAGYP Nº 606/93). La restricción parcial de 1991 no tuvo ninguna influencia sobre la situación local determinante de los casos de intoxicación registrados en Sertox. Si bien es cierto que luego de la prohibición de un químico éste puede persistir durante un tiempo en poder de los usuarios (como sucedió con el talio) o en el comercio clandestino (como sigue sucediendo con el bromato de potasio), también lo es que si no existe un poder de fiscalización sobre las medidas de restricción, estas no son efectivas (9). En el documento (IPCS-NU) Health and Safety Guides 74 (10) se menciona sobre el paratión que debido a su alta toxicidad su uso y/o venta no está registrado, ha sido cancelado o prohibido en muchos países (China, India, Japón, Suecia, Reino Unido, Rusia, Argentina, etc.). En, Canadá, Israel y EEUU, el uso, venta y aplicación del paratión está restringida a aquellos operadores con licencias especiales. La situación de alto riesgo vinculada al paratión no sólo fue característica de Rosario y del resto del país, sino que se pone en evidencia en otras partes del mundo, como registráramos en el artículo “Intoxicaciones con plaguicidas en el mundo en desarrollo. Una Lista Mínima de Plaguicidas” (11). En Sri Lanka, por ejemplo, las intoxicaciones con plaguicidas, especialmente paratión, causan más muertes que las enfermedades infecciosas. La toxicovigilancia determinó que desde el punto de vista de la salud pública su uso era inadmisible; es decir: no se podía asegurar  que se usara “en forma responsable” y se “aplicara en forma apropiada” de acuerdo a los datos de peligro acreditados para dicho producto. Dicho de otro modo, si se hubiese elaborado un Informe sobre Evaluación de la información científica vinculada al paratión en su incidencia sobre la salud humana y el ambiente, y se hubiese concluido con estas dos frases, probablemente se seguiría usando paratión (también asbesto, talio y otros tóxicos inadmisibles) en Argentina.

De hecho es lo mismo que sigue sucediendo con el fosfuro de aluminio. Recientemente (junio/julio 2010) se han  difundido por los medios de comunicación regionales y nacionales (Ver) casos de muerte atribuidas a fosfina en camioneros transportadores de cereales en la región. La  utilización de fosfuros está prohibida  por el Ministerio de Salud de la Nación, para cualquier fin que invoque razones sanitarias (Resolución 774/04, refrendada por la Resolución 456/09). La disposición de la SNSV Nº03/83 prohíbe el uso de plaguicidas y fumigantes en el transporte terrestre. Existe un fallo del Juzgado Federal de la 5ta. Nominación de Rosario que establece la estricta prohibición de fumigar camiones y acoplados con fosfuro de aluminio o fosfina. A pesar de todas estas normas, resulta muy difícil para los transportistas negarse a la realización de esta práctica ilegal. La Environmental Protection Agency – EPA- (agencia de protección ambiental estadounidense) ha clasificado a la fosfina como clase Ib (muy tóxica) y en abril de 2010 puso restricciones y controles más estrictos sobre el etiquetado (Ver en inglés). Dudamos de la efectividad que estas medidas tendrían en nuestro país, no solo porque sabemos del déficit fiscalizador, sino también porque la falta de información entre usuarios / destinatarios de productos es la norma.

Las frases que motivan este comentario resultan engañosas porque no hablan desde el conocimiento de un impacto/ausencia de impacto documentado, sino desde la hipótesis de un supuesto uso correcto desde el cual se desprende una –temeraria- predicción a partir de los datos de toxicidad evaluada en un laboratorio. Usando esas frases no hubiese sido necesario prohibir los bifenilos policlorados (BPC) en los transformadores de alta tensión, ni otros compuestos orgánicos persistentes que están sujetos a fenómenos de bioconcentración y biomagnificación.
El peligro de este enfoque es que puede justificar la circulación de cualquier químico a partir de una inversión de la carga de la prueba:  la responsabilidad por la aparición de efectos indeseables no resulta de sus características y potenciales efectos a corto, mediano o largo plazo, sino que es transferida a la actitud del usuario,  eslabón final de una cadena comercial que beneficia siempre al productor del plaguicida y cuyo gradiente (en términos de conocimiento, información y beneficios, siguiendo el ciclo de vida de los productos) va indefectiblemente de mayor a menor. “Si lo usan mal …”.

En vez de indagar sesgadamente/únicamente sobre el peligro, habría que investigar sobre el riesgo que su utilización supone, de modo de saber si es posible alcanzar las condiciones de seguridad en un ambiente dado y por una población determinada. La diferencia de enfoque es sideral; es considerar el problema desde perspectivas diametralmente opuestas: mirar las capacidades de las gentes que van a usar un producto en vez de mirar las ratas que en un laboratorio responden a pruebas con ese producto y le determinan las dosis de efecto y de seguridad. Por otro lado, no siempre el resultado entre el peligro y la exposición surge de una relación directa con la ecuación dosis/respuesta (mutagénicos, cancerígenos, teratogénicos, disruptores endocrinos, alergénos) y también debe ser considerado el peso de la sinergia entre varios compuestos (que modificará la magnitud y calidad de la respuesta respecto de la que se espera por exposición individual a cada uno de ellos) y las modificaciones que los tóxicos puedan sufrir en el ambiente (de degradación hacia formas inertes o de modificación hacia formas químicas más agresivas). Más incertidumbre, todavía, se espera por la intromisión de químicos en los sistemas biológicos complejos, entendiéndose que es imposible la certeza en la predicción de impactos que muchos pueden causar a mediano y largo plazo.

La exposición a compuestos químicos representa siempre un determinado grado de riesgo y no todos esos riesgos son localmente controlables, conocidos y tolerados.  Por otro lado, los ajustes en los límites de exposición a químicos, que son definidos como seguros en los distintos países (márgenes de tolerancia) – en alimentos, en ambientes de trabajo, en medios naturales – están ligados a los conocimientos disponibles (generación, accesibilidad y periodicidad de su revisión), a los umbrales de tolerancia (vinculados a aspectos educativos, económicos y sociales), a las capacidades locales de gestión y control y a las políticas con relación a la actividad económica relacionada con cada norma. La primera pregunta debería ser, entonces, formulada a nivel local: dados criterios previamente acordados para establecer condiciones de seguridad, ¿es esta población capaz de usar este producto de manera adecuada? Es una pregunta que se hace (o debería hacerse) en el Estado, como criterio para aprobar el registro de un producto, pero que no se espera sea hecha desde la centralidad de los laboratorios productores de químicos de uso comercial. ¿Como podrían consensuarse estos dos intereses contrapuestos?  La pregunta podría ser reformulada de distinto modo: lo actores involucrados en el problema, ¿consideran posible la agricultura sustentable en el país?

Las frases analizadas también serían válidas expresadas en términos opuestos:

1*) Si se efectúa un uso irresponsable del herbicida, el consumo de alimentos y agua de bebida que contengan residuos de glifosato y su metabolito,  implicará riesgo para la salud humana.

2*) Refiriéndose a animales de experimentación podría decirse: las hembras preñadas son más susceptibles que los machos de su especie. Estos efectos podrán ser  observables con vías de ingreso al organismo y a dosis fácilmente alcanzables en ambientes rurales en los que se aplique el producto en forma inapropiada.

Entre las frases originales y estas ultimas probablemente quepan una serie de escenarios intermedios de acuerdo al grado adjudicable de uso apropiado /inapropiado del producto, condiciones de vida y de trabajo, factores específicos de vulnerabilidad social o ambiental. Sin embargo, la calificación de irresponsabilidad implícita en las frases incluye aristas legales, ya que ameritaría la investigación sobre su carácter de delito contra la salud publica según la nueva enmienda hecha al Código Penal*. Con esto se terminaría de cerrar el círculo del mecanismo culpógeno , vectorizado hacia el eslabón más débil y menos informado de la cadena comercial. Desconocer voluntariamente las condiciones de exposición podría significar, en la práctica, que los organismos oficiales encargados del registro y autorización de la venta y uso de estos químicos, estarían avalando el deslinde de responsabilidades que solidariamente cabe a todos los eslabones de la cadena de gestión del producto, contribuyendo a la persistencia de un sistema de trabajo y de gestión del ambiente, peligroso y, desde luego, poco sustentable.

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* B.O. 05/11/09 – Ley 26524 – CODIGO PENAL – Modificación: "Será reprimido con reclusión o prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) a PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas

  Es mucho más fácil y lineal el análisis de lo que sucede en un laboratorio (evaluación de la exposición de animales a un peligro único, bajo condiciones controladas) que lo que sucede en los campos de labor agrícola (evaluación de riesgo con diferentes grados y vías de exposición a peligros múltiples y simultáneos). Por el especial sistema de venta y uso de plaguicidas aun vigente en el país, que determina un uso no responsable de plaguicidas (no profesionalizado, con persistencia del uso de aviones para la aplicación de productos, con ausencia de vigilancia de exposición ocupacional, con exposición para-ocupacional y poblacional demostrada y situación ambiental preocupante y no suficientemente evaluada), el plano de distribución de responsabilidades debe tener una mirada especialmente crítica hacia aquellos sectores que inciden sobre la persistencia del riesgo en ámbitos rurales en donde las condiciones de trabajo y las condiciones de vida son indivisibles. El riesgo que se adjudica a cualquier químico debe ser evaluado en las condiciones locales de exposición; cualquier extrapolación que se haga desde lo teórico-predictivo es insuficiente y peligrosa.
Luego de la  publicación del informe que motiva este texto, llovieron los comentarios críticos hacia el mismo ( Sobre el glifosato: "no aclaren más que oscurece"). Posteriormente se elaboró un nuevo trabajo sobre el grado de toxicidad del glifosato por la UNL, a  solicitud de la justicia santafesina, que resulta más completo y extenso.(12) Este trabajo hace foco sobre otros ejes que deben ser tenidos en cuenta, como la necesidad de fortalecer los controles y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Señalan que es necesario realizar estudios epidemiológicos en humanos a fin de evaluar las consecuencias del herbicida a largo plazo, y seguir estudiando “la magnitud de los efectos” en los ecosistemas. También enfatiza en la necesidad de profundizar “las investigaciones en tecnologías de remediación”, que contemplen el problema de los residuos. Nosotros agregamos la imperiosa necesidad de suspender la vía aérea de aplicación, profesionalizar la gestión de insumos y generalizar la vigilancia de expuestos como condiciones inapelables para la continuidad del uso de cualquier producto plaguicida.