Los diversos sectores productivos y económicos ligados al negocio del monocultivo sojero ya hicieron sentir su enojo. De hecho, la semana que terminó representantes de la Federación Agraria Argentina se entrevistaron con la vicegobernadora Griselda Tessio y los senadores provinciales para expresar su desacuerdo con la normativa que se está analizando. 
En tanto, ambientalistas y algunos legisladores consideran que el texto tampoco cubre sus expectativas porque pretenden mayores restricciones que las introducidas en la Cámara baja.
Por otra parte, esos mismos dirigentes (sociales y políticos) que reclaman más metros libres de glifosato alrededor de los centros urbanos y rurales manifestaron su preocupación porque el ministro de la Producción de Santa Fe, Juan José Bertero, dio a entender que no se avanzará en una investigación científica para determinar el grado de toxicidad de algunos agroquímicos, tal como lo exige un fallo de la Justicia tanto en primera como segunda instancia.
A principios de agosto el funcionario del Ejecutivo justificó su posición en el hecho de que ya existen estudios suficientes sobre el tema y anticipó que todo ese material servirá de informe para elevarlo a la Justicia. También Bertero consideró que es el control que puedan hacer los municipios y comunas sobre la línea agronómica y la responsabilidad del Senasa al permitir o no el uso del glifosato los eslabones principales en la determinación del problema.
En ese sentido, la diputada provincial del Frente para la Victoria, Claudia Saldaña, manifestó que se “pasan las responsabilidades de un lado a otro en vez de asumirlas como propias y hacer algo al respecto con un tema tan serio que afecta a la provincia”. Asimismo, es de recordar que a mediados de marzo la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala II) de Santa Fe avaló un fallo en primera instancia –que había sido apelado por el Ejecutivo– por el cual se prohibió la fumigación con glifosato en cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge.
La medida judicial, inédita en la provincia, también dio otro paso muy importante: ordenó que el gobierno santafesino y la Universidad Nacional del Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses, que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud. Ese plazo vence el próximo 15 de septiembre.
LA JUSTICIA HIZO LO SUYO
“Desde nuestro lugar queremos decir que estas declaraciones del ministro no nos sorprenden, precisamente porque desde que se apeló el amparo, el Poder Ejecutivo prefiere mirar para el costado. El juez de segunda instancia claramente revisa esta cuestión, ya que el propio fiscal es el que manifiesta el hecho de que no se tenga en cuenta la apelación, porque supuestamente para ellos no correspondía. Pero, en ese fallo de segunda instancia minuciosamente el juez indica que en políticas ambientales nadie puede mirar para otro lado”, se quejó Saldaña.
“En este caso de San Jorge –continuó– la Justicia se involucró y aplicó los principios que eran correspondientes para cuestiones vinculadas a proteger un daño irreparable, también los legisladores de alguna manera llevamos un debate dentro de la propia Cámara de Diputados. Pero los que planteamos mayor enfoque a esta problemática, no tuvimos la resonancia que este tema ameritaba”.
Luego la kirchnerista mencionó que en la discusión de la nueva ley de fitosanitarios que ahora se analiza en el Senado se necesitó “más acompañamiento de otros diputados” para ampliar las zonas de restricción, pero eso no se consiguió porque “muchos tienen intereses propios que provienen de la sojización”. 
Fuente: Uno