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Sentencian a la farmacéutica Grünenthal a indemnizar a las víctimas de la talidomida en España
20 November, 2013
20.000 euros por cada grado de minusvalía para las víctimas de la talidomida. elmundo.es. 20/11/13,
- El fallo del juzgado no es firme y contra él cabe un recurso de apelación
- En España se importaron partidas de hasta 270 kilos de talidomida
- La talidomida se recomendaba para las náuseas del embarazo
- Los afectados nacieron sin extremidades después de que las madres tomarán el fármaco
Cápsulas de talidomida
El Juzgado de Primera Instancia Nº90 de Madrid ha condenado a la farmacéutica alemana Grünenthal a indemnizar con 20.000 euros por cada grado de minusvalía a cada una de las víctimas de la talidomida.
57 años después del caso, la juez Gemma Susana Fernández estima que los afectados del caso a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en españa (AVITE) que deberán percibir una indemnización cada uno de ellos de 20.000 euros por cada punto porcentual de la minusvalía que les haya reconocido la Administración española, más los intereses legales desde que se interpuso la demanda con el incremento previsto a partir de esta sentencia.
El fallo del juzgado no es firme y contra él cabe un recurso de apelación, que se puede presentar en el plazo de veinte días.
La talidomida, que se comercializó entre otros con el nombre de Softenon, se recomendaba contra las náuseas del embarazo, pero también se prescribía para dolores. En España el caso fue mucho más sangrante que en otros países del mundo, porque mientras en Europa, por ejemplo, ya se habían descubierto sus efectos nocivos en los fetos, aquí se siguió recetando y vendiendo.
El resultado, niños nacidos en los años 50 y 60 con las extremidades cortas, malformaciones y problemas internos por un medicamento que tomaron sus madres durante el embarazo.
En España se importaron partidas de hasta 270 kilos de talidomida, que daban para unos seis millones de dosis. Aun así, la farmacéutica siempre intentó alegar que era una medicina con poca implantación en España.
Durante el juicio la farmacéutica ofreció a las víctimas la oportunidad de solicitar las ayudas que conceden la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal Alemania que, según dicen, les permitirá tener los mismos beneficios económicos que reciben los residentes en Alemania.
El representante legal de la farmacéutica Grünenthal ha declarado que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas" pero ha reconocido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.
Según la demanda, el principio activo se vendió en más de 50 países de todo el mundo, con más de 80 nombres comerciales, y en España se distribuyó desde el año 1957 hasta 1965.
En Alemania, las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, unos pagos que han sido canalizados a través de la fundación Contergan, pero en España no se alcanzó a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid. La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron.
57 años después del caso, la juez Gemma Susana Fernández estima que los afectados del caso a la Asociación de Víctimas de la Talidomida en españa (AVITE) que deberán percibir una indemnización cada uno de ellos de 20.000 euros por cada punto porcentual de la minusvalía que les haya reconocido la Administración española, más los intereses legales desde que se interpuso la demanda con el incremento previsto a partir de esta sentencia.
El fallo del juzgado no es firme y contra él cabe un recurso de apelación, que se puede presentar en el plazo de veinte días.
La talidomida, que se comercializó entre otros con el nombre de Softenon, se recomendaba contra las náuseas del embarazo, pero también se prescribía para dolores. En España el caso fue mucho más sangrante que en otros países del mundo, porque mientras en Europa, por ejemplo, ya se habían descubierto sus efectos nocivos en los fetos, aquí se siguió recetando y vendiendo.
El resultado, niños nacidos en los años 50 y 60 con las extremidades cortas, malformaciones y problemas internos por un medicamento que tomaron sus madres durante el embarazo.
En España se importaron partidas de hasta 270 kilos de talidomida, que daban para unos seis millones de dosis. Aun así, la farmacéutica siempre intentó alegar que era una medicina con poca implantación en España.
Durante el juicio la farmacéutica ofreció a las víctimas la oportunidad de solicitar las ayudas que conceden la Fundación Contergan y la Fundación Grünenthal Alemania que, según dicen, les permitirá tener los mismos beneficios económicos que reciben los residentes en Alemania.
El representante legal de la farmacéutica Grünenthal ha declarado que este fármaco "no estaba indicado para las embarazadas" pero ha reconocido que entonces, en el prospecto, no se las excluía porque en aquella época "no había concienciación" para este tipo de indicaciones.
Según la demanda, el principio activo se vendió en más de 50 países de todo el mundo, con más de 80 nombres comerciales, y en España se distribuyó desde el año 1957 hasta 1965.
En Alemania, las víctimas han conseguido acuerdos indemnizatorios con la farmacéutica, unos pagos que han sido canalizados a través de la fundación Contergan, pero en España no se alcanzó a pesar de que ambas partes han mantenido tres reuniones y un acto de conciliación en los juzgados de Madrid. La farmacéutica ofreció 120.000 euros anuales para todos los afectados, pero éstos lo rechazaron.
Leer relacionado: Las víctimas de la talidomida aplauden la sentencia. elmundo.es.20/11/13.
La cifra que ha fijado el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid es la misma que la que reclamaba Avite y por la que rechazó una oferta de acuerdo que Grünenthal, la farmacéutica alemana, había realizado meses antes y que se situaba en 120.000 euros anuales para el total de los afectados.
Los beneficiarios por esta sentencia son sólo 24 afectados, es decir, los que fueron reconocidos en el decreto de 2010 para la concesión de ayudas. Además, según la sentencia, las indemnizaciones sólo irán destinadas a aquellos que no reciban ya indemnizaciones de la Fundación Contergam, una organización que durante años ha canalizado las ayudas para los afectados de la talidomida en Alemania. De hecho, en la rueda de prensa se ha hecho hincapié en que el siguiente paso será que el resto de afectados pueda acogerse a esta sentencia y sean indemnizados sin necesidad de acudir a juicio.
No obstante, esta sentencia es considerada como "histórica que va a provocar demandas a nivel mundial contra el imperio de las farmacéuticas, ha añadido Riquelme, quien ha afirmado que "hemos recuperado la dignidad que nunca tuvimos que perder", informa Efe.
Basándose en el informe Heidelberg, un estudio reciente sobre la aparición tardía de secuelas en los afectados, la juez de Madrid que instruyó el caso, Gemma Susana Fernández Díaz, ha tumbado el argumento de la compañía que insistía en que los daños habían prescrito. No obstante, a lo largo de los 25 folios la sentencia manifiesta la rareza de este lapsus temporal superior a 50 años transcurrido hasta que se ha llevado a juicio a Grünenthal.
Sí que se considera demostrada la relación entre la ingesta del fármaco y el daño generado en los hijos de las mujeres gestantes y la actuación "culposa y negligente" del fabricante "por no haber observado las reglas de conducta exigibles a un productor de medicamentos ordenado y cuidadoso en cuanto a la experimentación del medicamento y la descripción de sus efectos" y por no haber informado a los médicos españoles del motivo de la interrupción de las ventas en 1961. En el prospecto, se seguía indicando que el fármaco era de "acción segura, insípido e inocuo", señala.
Por otro lado, en la sentencia se rechaza que la distribuidora en España fuera independiente de la actividad de la matriz y aplica la doctrina sobre la extensión de responsabilidad en los grupos de empresas.
Grados de discapacidad
Las comunidades autónomas valoran la discapacidad con el baremo previsto en el Real Decreto 2012. Legalmente la discapacidad de una persona se reconoce cuando es igual o superior al 33%, siendo la puntuación máxima de 100 puntos.
En esa baremación hay una combinación de las puntuaciones sanitaria, psicológica y social estimada a raíz de unos códigos de deficiencia, diagnóstico y grupo etiológico. En cada CCAA hay un grupo específico, formado por médicos, trabajadores sociales y psicólogos, que realiza la valoración de cada persona.
Existen tres grupos de grados de discapacidad en función de los cuales se ofrecen unos beneficios fiscales y administrativos diferentes. En el primero se incluyen las personas con una discapacidad que está entre el 33% y el 64% y que incumbe a aquellas que tienen un nivel de autonomía personal lo suficientemente importante para su integración social y laboral. En el grupo del 65% al 74% están integradas aquellas personas que presentan cierta dificultad a la hora de integrarse en el ámbito social y laboral. Por último, en el grupo con un grado de discapacidad superior al 75%, se incluyen aquellas personas que requieren o pueden precisar ciertas herramientas especializadas que faciliten su integración social.
Las deficiencias generadas por la talidomida se definen como focomelia o amelia, es decir, miembros superiores e inferiores muy pequeños o ausencia de ellos y, en consecuencia, con diferente gravedad y afectación.
Cada persona se valora según las tablas de amputación, dentro del capítulo locomotor. Como aclaran portavoces de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, "la falta completa de un miembro superior (del codo para arriba) alcanza una valoración de un 49% y la falta de un miembro inferior ronda el 33%. Esta discapacidad les genera enorme dificultad, dependiendo de la longitud del miembro, etc., para la marcha, transferencias y manipulación, vestido, autohigiene y puede producir un trastorno de la imagen personal, que genera problemas psicológicos de autoestima y socialización, toda vez que además es congénita y la han sufrido durante toda la vida".
En este caso, según Ignacio Martínez, abogado de Avite, la media en el grado de discapacidad de los 24 afectados oscila entre el 65% y el 70%. Aunque todavía no está claro si estas personas serán de nuevo evaluadas por otro comité o se conservará la baremación que tiene cada uno de ellos.
Reacción de la farmacéutica
Por su parte, la empresa farmacéutica Grünenthal señala en un comunicado publicado al conocer la sentencia que "respeta pero no comparte los argumentos de la sentencia, por lo que procederá a analizarla con mayor grado de detalle y decidirá las acciones que estime más apropiadas".
"La talidomida se introdujo hace más de 50 años. Grünenthal cree que su conducta fue consistente con el estado del conocimiento científico y con los estándares que prevalecían en aquel momento para el desarrollo y la realización de pruebas en la industria farmacéutica. Además, otras compañías fabricaron y comercializaron sus propios productos con talidomida en España de forma totalmente independiente a Grünenthal, tal y como reconoce la sentencia", señala el comunicado.
La compañía no ha indicado si acudirá de nuevo a juicio para intentar que el fallo sea revocado, ya que no es una sentencia firme.
- La farmacéutica había ofrecido 120.000 euros anuales para los afectados
- Las víctimas reclamaban 204 millones, 20.000 por cada punto porcentual de minusvalía
- La sentencia ofrece esa indemnización pero está por determinar el número de beneficiados
- El fármaco, administrado para evitar mareos en el embarazo, generó daños irreversibles
La cifra que ha fijado el Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid es la misma que la que reclamaba Avite y por la que rechazó una oferta de acuerdo que Grünenthal, la farmacéutica alemana, había realizado meses antes y que se situaba en 120.000 euros anuales para el total de los afectados.
Los beneficiarios por esta sentencia son sólo 24 afectados, es decir, los que fueron reconocidos en el decreto de 2010 para la concesión de ayudas. Además, según la sentencia, las indemnizaciones sólo irán destinadas a aquellos que no reciban ya indemnizaciones de la Fundación Contergam, una organización que durante años ha canalizado las ayudas para los afectados de la talidomida en Alemania. De hecho, en la rueda de prensa se ha hecho hincapié en que el siguiente paso será que el resto de afectados pueda acogerse a esta sentencia y sean indemnizados sin necesidad de acudir a juicio.
No obstante, esta sentencia es considerada como "histórica que va a provocar demandas a nivel mundial contra el imperio de las farmacéuticas, ha añadido Riquelme, quien ha afirmado que "hemos recuperado la dignidad que nunca tuvimos que perder", informa Efe.
Basándose en el informe Heidelberg, un estudio reciente sobre la aparición tardía de secuelas en los afectados, la juez de Madrid que instruyó el caso, Gemma Susana Fernández Díaz, ha tumbado el argumento de la compañía que insistía en que los daños habían prescrito. No obstante, a lo largo de los 25 folios la sentencia manifiesta la rareza de este lapsus temporal superior a 50 años transcurrido hasta que se ha llevado a juicio a Grünenthal.
Sí que se considera demostrada la relación entre la ingesta del fármaco y el daño generado en los hijos de las mujeres gestantes y la actuación "culposa y negligente" del fabricante "por no haber observado las reglas de conducta exigibles a un productor de medicamentos ordenado y cuidadoso en cuanto a la experimentación del medicamento y la descripción de sus efectos" y por no haber informado a los médicos españoles del motivo de la interrupción de las ventas en 1961. En el prospecto, se seguía indicando que el fármaco era de "acción segura, insípido e inocuo", señala.
Por otro lado, en la sentencia se rechaza que la distribuidora en España fuera independiente de la actividad de la matriz y aplica la doctrina sobre la extensión de responsabilidad en los grupos de empresas.
Grados de discapacidad
Las comunidades autónomas valoran la discapacidad con el baremo previsto en el Real Decreto 2012. Legalmente la discapacidad de una persona se reconoce cuando es igual o superior al 33%, siendo la puntuación máxima de 100 puntos.
En esa baremación hay una combinación de las puntuaciones sanitaria, psicológica y social estimada a raíz de unos códigos de deficiencia, diagnóstico y grupo etiológico. En cada CCAA hay un grupo específico, formado por médicos, trabajadores sociales y psicólogos, que realiza la valoración de cada persona.
Existen tres grupos de grados de discapacidad en función de los cuales se ofrecen unos beneficios fiscales y administrativos diferentes. En el primero se incluyen las personas con una discapacidad que está entre el 33% y el 64% y que incumbe a aquellas que tienen un nivel de autonomía personal lo suficientemente importante para su integración social y laboral. En el grupo del 65% al 74% están integradas aquellas personas que presentan cierta dificultad a la hora de integrarse en el ámbito social y laboral. Por último, en el grupo con un grado de discapacidad superior al 75%, se incluyen aquellas personas que requieren o pueden precisar ciertas herramientas especializadas que faciliten su integración social.
Las deficiencias generadas por la talidomida se definen como focomelia o amelia, es decir, miembros superiores e inferiores muy pequeños o ausencia de ellos y, en consecuencia, con diferente gravedad y afectación.
Cada persona se valora según las tablas de amputación, dentro del capítulo locomotor. Como aclaran portavoces de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid, "la falta completa de un miembro superior (del codo para arriba) alcanza una valoración de un 49% y la falta de un miembro inferior ronda el 33%. Esta discapacidad les genera enorme dificultad, dependiendo de la longitud del miembro, etc., para la marcha, transferencias y manipulación, vestido, autohigiene y puede producir un trastorno de la imagen personal, que genera problemas psicológicos de autoestima y socialización, toda vez que además es congénita y la han sufrido durante toda la vida".
En este caso, según Ignacio Martínez, abogado de Avite, la media en el grado de discapacidad de los 24 afectados oscila entre el 65% y el 70%. Aunque todavía no está claro si estas personas serán de nuevo evaluadas por otro comité o se conservará la baremación que tiene cada uno de ellos.
Reacción de la farmacéutica
Por su parte, la empresa farmacéutica Grünenthal señala en un comunicado publicado al conocer la sentencia que "respeta pero no comparte los argumentos de la sentencia, por lo que procederá a analizarla con mayor grado de detalle y decidirá las acciones que estime más apropiadas".
"La talidomida se introdujo hace más de 50 años. Grünenthal cree que su conducta fue consistente con el estado del conocimiento científico y con los estándares que prevalecían en aquel momento para el desarrollo y la realización de pruebas en la industria farmacéutica. Además, otras compañías fabricaron y comercializaron sus propios productos con talidomida en España de forma totalmente independiente a Grünenthal, tal y como reconoce la sentencia", señala el comunicado.
La compañía no ha indicado si acudirá de nuevo a juicio para intentar que el fallo sea revocado, ya que no es una sentencia firme.