"Hay un montón de cultivos, los menores, que por ciertas características no tienen productos (agroquímicos) inscritos para determinados usos. En el país se piden ensayos locales en tres áreas distintas (para autorizar el uso de agroquímicos), pero por ejemplo, ninguna empresa hace ensayos para la mandioca, porque la ecuación ‘inversión-recuperación de la inversión’ no cierra", explicó a Infobae el director de Agroquímicos y Productos Biológicos del Senasa, Diego Ciancaglini."Lo que permitimos es traer los datos de afuera del país. Por ejemplo, si para la cereza en España está ese producto registrado, la empresa puede traer datos y presentarlo. O usar datos de productos que se usen en el país, pero para otros cultivos. Nosotros analizamos, vemos si es la misma práctica agrícola, y lo autorizamos", agregó.En el sector agroecológico no están de acuerdo con esos argumentos. "No podemos hacer una regla de tres simple, del tipo ‘si sirve para este producto, lo aprobamos para otro", dijo a Infobae el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho, coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina.El especialista presentó un documento en el que subrayó que "es inadmisible" que se permita el registro y comercialización de plaguicidas "sin una adecuada investigación en la Argentina, realizada por centros verdaderamente independientes y con control público de universidades y organizaciones de la sociedad civil".

Por otra parte, desde el Senasa omitieron explicar que el proyecto abre la puerta a la introducción de nuevos agroquímicos que no tienen antecedentes ni dentro ni fuera del país. Para ello, bastará con que los interesados presenten un sólo ensayo de eficacia y que, naturalmente, sea avalado por las autoridades. La iniciativa prácticamente no impone ningún tipo de criterio a tener en cuenta. Apenas se refiere, a la hora de evaluar, a "metodologías aceptadas por la comunidad científica", que -paradójicamente- es una expresión poco científica, vaga y que anula la existencia de controversias dentro de la comunidad científica.Por otra parte, los ambientalistas advirtieron una contradicción: el Senasa busca que sólo se apliquen criterios de otros países para autorizar el uso de agroquímicos, pero no para prohibirlos. Desde el organismo -sorprendentemente- dijeron a Infobae que no hay productos prohibidos en Europa y autorizados en el país. Tres fuentes consultadas por este medio lo desmintieron y mencionaron varios productos prohibidos o restringidos, entre otros, atrazina, novaluron, tiametoxam, carbaril, imidacloprid y cicloetidín.Incluso la ONG Naturaleza y Derecho recordó que en Europa hay 16 agroquímicos prohibidos que fueron detectados en los controles realizados por el Senasa entre 2011 y 2016, entre ellos, carbofuran, aldicarb, haloxifop y fenitrotion.Veneno en la comidaDe la mano de la ampliación del uso de agroquímicos se modificarán los Límites Máximos de Residuos (LMR), que son las cantidades de agroquímicos permitidas en los productos de venta al público. Para la enorme mayoría de los "alimentos menores" rige un límite por defecto de 0,01 ppm, muy bajo para los estándares actuales del sector agroindustrial."Se van a poner límites que no tengan riesgo para la salud humana. Los productos no van a ser tóxicos. Y si los alimentos superan ese límites, se destruirá la partida", aclaró el directivo del Senasa entrevistado por este medio.

Fuente: Naturaleza y DerechoEl tema tiene que ver con la Ingesta Diaria Admisible (IDA), que es la cantidad máxima de una sustancia que un individuo puede consumir diariamente durante toda su vida sin que provoque un efecto adverso, y que los ambientalistas creen que el Senasa mide mal."Es inadmisible la existencia de una contaminación de los alimentos permitida y amparada. Dichos límites no tienen en cuenta el género, la edad, la existencia de problemas de salud preexistentes en las personas y además se determinan en cada producto químico por separado cuando las investigaciones que realizamos demuestran la mezcla de hasta tres plaguicidas", advirtieron desde la RAP-AL.La ONG Derecho y Naturaleza armó una presentación que fue copiada por miles de personas y enviada al Senasa, al punto que hizo colapsar el sistema creado para recibir posiciones sobre la consulta pública. Entre otras cosas, al igual que la RAP-AL, la organización advirtió que el Estado argentino omite exigir a las empresas que evalúen la sinergia y acumulación de los agroquímicos en el cuerpo, es decir, la interacción de las sustancias -que muchas veces potencian sus efectos tóxicos- y el hecho de que se acumulan en el cuerpo, lo que hace que el umbral mínimo de exposición se vuelva indeterminable, ya que son numerosas las variables a tener en cuenta.

En su presentación ante el Senasa, el abogado Luis Fernando Cabaleiro, referente de la ONG, planteó que "no se puede aceptar como aval de seguridad en el consumo de alimentos con restos de agrotóxicos, los ensayos de laboratorio que sólo se han realizado por plazo de 90 días de ratas, cuando ha demostrado -científicamente- que las conclusiones de esos estudios son muy endebles al no comprender el ciclo total de vida (o al menos la mitad) de los animales, en este caso roedores, cuyo promedio de vida es de 24 meses"."Tal es así, que los estudios e investigaciones científicas que se han proyectado a largo plazo (todo el ciclo de vida de los animales) en relación a los agrotóxicos, están demostrando claramente los efectos crónicos y carinógéticos que pueden tener sobre la salud humana, cuando la población queda expuesta en el tiempo a estas sustancias que aparecen como residuos en casi todos los alimentos", agregó.