La colza, una estafa que costó 3.000 muertos.xornal.com. 24/05/09. En 1981, un grupo de aceiteros comercializó aceite de colza para uso humano. Lo distribuyeron vendedores ambulantes a un precio más bajo del habitual. Aquella negiligencia dio lugar a una nueva enfermedad que afectó a 20.000 personas, 55 en Galicia. Las primeras muertes comenzaron en mayo y, 28 años después, ascienden a miles.
Ver noticias previas sobre el tema: 1) Recordando la epidemia de SAT; 2) 27 años después siguen los problemas del síndrome tóxico

Para muchos españoles, el año 1981 quedará siempre asociado a la frase: “Quieto todo el mundo”; para otros, a una explicación un tanto pintoresca que salió de boca del entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof: “Es un bichito que si se cae de la mesa, se mata”. El 1 de mayo de aquel año, mientras miles de trabajadores salían aún con miedo a la calle para celebrar una fiesta prohibida durante décadas, decenas de personas acudían a los hospitales de la meseta con síntomas similares a los de una neumonía atípica, que no respondían a los tratamientos. Uno de los pacientes era Jaime Vaquero, un niño de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, que se convirtió en la primera víctima del síndrome del aceite tóxico (SAT). Moría ese mismo día. El aceite de colza desnaturalizado con anilina provocó la mayor epidemia alimentaria vivida en España y dejó 20.000 enfermos y 370 muertes oficiales, según los datos de las autopsias practicadas hasta 1982. Sin embargo, la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados estima que 3.500 personas fallecieron como consecuencia de la extraña enfermedad que provocó su consumo.


Aquella dolencia nueva, surgida de la codicia de unos empresarios, afectó a las clases más humildes y se propagó a través de la venta ambulante en mercadillos de un aceite de uso industrial, procedente de Francia y desviado para el consumo humano. A pesar de que el proceso de elaboración del producto nunca se pudo reproducir de nuevo en un laboratorio y de que se desconoce cuál fue el tóxico exacto que provocó el mal, se sabe que se generó cuando los aceiteros sometieron el líquido a altas temperaturas para extraer la anilina. El veneno resultantes era tan potente que los primeros síntomas aparecían en tan solo 10 días.


El compuesto se comercializó a granel y en garrafas de cinco litros, fundamentalmente en los alrededores de Madrid, donde se encuentran la mayor parte de los damnificados, unos 14.000. Además hubo afectados en las provincias de Valladolid, donde se detectaron unos 2.000; Palencia, con 500, y Burgos, donde ascendieron a 300. En Galicia, la comarca de O Barco de Valdeorras fue la más afectada, un camión procedente de León suministraba el producto cada 15 días. Según el censo del 1 de mayo de 1984 de la unidad del Ministerio de Trabajo dedicada a esta afección, se registraron 55 casos, 41 en 34 familias de la provincia de Ourense; nueve, en otras cuatro de Pontevedra, y cinco más en cuatro familias de Lugo. A Coruña fue la única sin casos.


Durante un año, la confusión fue total. El país se enfrentaba a una situación sanitaria nueva y el Gobierno, que acababa de sobrevivir a un golpe de Estado, era incapaz de responder a las preguntas de la oposición. Según aseveran los expertos de la Unidad del Síndrome de Aceite Tóxico, del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), de Madrid –los únicos expertos en el mundo en esta patología– “en menos de un mes, hubo 80 muertos y más de 10.000 ingresados; en estas condiciones, hablar de epidemia era una obviedad y hablar de enfermedad nueva era también obvio”.


La mayor parte de los pacientes aparecieron entre mayo y julio, presentaban una neumonía atípica con tos, dolor torácico y disenea y no respondían a los medicamentos. Con esta sintomatología, en un primer momento se pensó en una enfermedad respiratoria e infecciosa. Aparecía en familias y afectaba especialmente a gente joven, entre 30 y 40 años. No había casos en neonatos y tampoco se detectaban brotes en centros de trabajo, escuelas o lugares públicos en los que se congregase gente, por lo que poco a poco se empezó a sospechar que no se traba de un contagio por vía aérea.


Durante ese período surgieron todo tipo de teorías. El doctor Antonio Muro, que por entonces trabajaba en el Hospital del Rey, fue el primero en defender que se trataba de una partida de tomates cultivados en Almería y tratados con insecticidas. Poco después, surgió la tesis de que se trataba de un envenenamiento masivo a través de este fruto con el que se pretendía encubrir un accidente ocurrido durante un ensayo de productos de guerra química, en la base militar de Torrejón de Ardoz.
El 10 de junio, el Gobierno de Calvo Sotelo anunciaba oficialmente que un aceite de procedencia incierta era el vehículo de la intoxicación y, a finales de mes, se abría un sumario para juzgar a los responsables del envenenamiento, que llegaría al millón de folios.
Los expertos del ISCIII rehúsan hablar de todas estas hipótesis y se adhieren, como los afectados, a las explicación del epidemiólogo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Richard Doll. Esta institución atribuyó al aceite adulterado la enfermedad y la bautizó con el nombre con el que se conoce hoy día. Además, concluyeron que se trataba de una patología distinta, de la que jamás se podría esperar una curación, sino solo una aparente mejoría.
Los médicos que durante 28 años han atendido a estos pacientes dicen que nunca han vuelto a encontrarse con nada similar, ni han tenido constancia de que el SAT haya producido consecuencias sobre los descendientes de las víctimas. Lo que queda, dicen, es “mucho drama familiar e individual y un shock inolvidable”, además, de personas trasplantadas “de corazón y pulmón a la vez, unos vivos y otros, desgraciadamente, no con tanta suerte”; también “enfermos con oxígeno domiciliario en casa y hasta con ventilación mecánica, entre otras cosas”. De aquel mal recuerdo, señalan, se valieron muchas crisis vividas con posterioridad, no solo en España. Así, puntualizan, “el descubrimiento del Síndrome de Eosinofilia mialgia, aparecido a finales de los años 80 en Estados Unidos, se nutrió de los conocimientos aportados por el estudio del SAT”.


Según creen, aunque en aquel momento, todo el mundo dijo que la respuesta política y de salud pública funcionó mal, “hay que tener en cuenta que tuvimos que enfrentar algo novedoso y muy grave en un tiempo en el que no estabamos preparados; en 1981 las infraestructuras sanitarias en temas de salud pública y de respuesta a este tipo de eventos no estaban plenamente desarrolladas”. “La respuesta fue buena: al mes y medio, la enfermedad se paró bruscamente tras el anuncio de la causa; en este contexto, ningún sistema sanitario hubiera respondido bien”, indican.

Un proceso de doce años
El proceso judicial iniciado a partir de la intoxicación de 1981 comenzó seis años más tarde en la Casa de Campo, de Madrid. Transcurrió entre manifestaciones y los primeros expedientes no se comenzaron a ejecutarse hasta 1999. Se conoció como el juicio de los aceiteros y sentó en el banquillo a 38 empresarios, acusados de envenenamiento masivo. De ellos, 13 tuvieron penas de cárcel y solo tres ingresaron en prisión. Todos han sido excarcelados.


En 1995, se celebró el pleito de los altos cargos contra diez alcaldes, concejales y directores generales de aduanas. La Fiscalía pidió el sobreseimiento un año más tarde, pero la causa se retomó en 1996 en la Audiencia Nacional. Terminó con la condena por imprudencia temeraria de uno de ellos (120 euros de multa), y del Estado como responsable civil subsidiario.


Un total de 19.329 personas percibieron indemnizaciones, que oscilaron entre los 900 euros (150.000 pesetas) y los 540.000 (90 millones de pesetas) y que la Administración terminó de abonar en 2005. A día de hoy, unas 200 personas siguen en procesos contencioso-administrativos para percibir ayudas porque no llegaron a ser calificados por un forense y su causa no llegó a formar parte del sumario del juicio. Los que fueron compensados por el Estado –ya que los acusados se declararaon insolventes–, tampoco quedaron satisfechos con las indemnizaciones porque, como comenta, Fernando Lago, portavoz de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Afectados del Síndrome Tóxico, “la coincidencia entre los dictamenes forenses y las unidades médicas de valoración de la Seguridad Social fueron inferiores al 30%; cuando se ejecutó la sentencia muchas personas solicitaron una recalificación porque lo que en los 80 era una invalidez total, pasó a ser absoluta años más tarde por la evolución de la enfermedad”.

¿Te acuerdas? – ‘Veneno a domicilio’. rtve, 02/06/08. Era el mes de mayo de 1981,recordamos un extraño síndrome tóxico que llenó de enfermos los hospitales y de inquietud a toda España. Los médicos tardaron mes y medio en averiguar el origen de ese mal, era el aceite de colza adulterado. 27 años después muchos siguen sufriendo.