"¡La presa se ha roto!". Esa fue la única alarma que los vecinos de Bento Rodrigues, a 35 kilómetros de Mariana, escucharon el 5 de noviembre de 2015, cuando una de las presas de la compañía minera Samarco, una ‘joint venture’ creada por la angloaustraliana BHP y la brasileña Vale, reventó por razones que aún se desconocen liberando gran parte de los 56 millones de metros cúbicos que contenía, lo suficiente para llenar 24.800 piscinas olímpicas.
Era Paula Geralda, una de las residentes en Bento Rodrigues, que oyó la noticia en la radio de un compañero de trabajo y se lanzó con su moto por las calles del pueblo para avisar a sus vecinos. "La bocina es muy floja, pero, ese día, no sé por qué, estaba alta", cuenta en un informe elaborado por Manos Unidas y su red internacional CIDSE, con motivo de este segundo aniversario.
En apenas once minutos una lengua de barro tóxico hizo desaparecer Bento Rodrigues. "En el momento en que sucedió, salí corriendo, cogiendo a un niño y a un anciano para colocarlos encima de la camioneta, ayudé a una vecina a cargar a su padre, que no anda. Solo después de eso subí a una colina y miré abajo. Desde ahí vi que estaba todo invadido por el barro. Bento ya no existía", dice Geralda.
La escena se repitió en todos los lugares ubicados a las faldas de Fundao, donde se levanta la presa de Samarco, a 1.200 metros sobre el nivel del mar. En once horas, la destrucción alcanzó 680 kilómetros a través de los cauces de los ríos Gualaxo del Norte, Carmo y Doce, que exportaron el desastre ecológico al vecino estado de Espírito Santo y a la desembocadura del Atlántico. Diecinueve personas murieron, 350 familias perdieron sus hogares y millones se vieron afectadas.
La consultora estadounidense Bowker Associates estima que el valor económico de los daños causados por el torrente contaminado es de entre 5 y 55 billones de dólares, pero para los habitantes de la zona son incalculables. "Ha matado todo", lamenta Juliano, una de las personas que vive a orillas del río Doce. Los pueblos quedaron literalmente enterrados y los medios de vida se esfumaron.
Sin agua, sin sustento
Los minerales atrapados en Fundao se vertieron en las aguas de estos tres ríos. Por ejemplo, en el municipio de Baixo Guando, que depende del río Doce para su suministro, el Servicio Autónomo de Agua y Alcantarillado (SAAE) detectó varios metales pesados –aluminio, mercurio, hierro, bario, cobre, plomo y boro–. "Parece que arrojaron la tabla periódica entera", ironiza Luciano Magalhães, director del SAAE.
"La situación se puede resumir en dos palabras: río muerto", lamenta. Según Magalhães, "ya no sirve para nada, ni para riego, ni para los animales, ni mucho menos para el consumo humano". El agua potable dejó de llegar por las vías habituales en doce ciudades afectando a 424.000 personas, de acuerdo con la valoración que hizo en su momento el Ministerio Público. Sin embargo, Terra Brasis Resseguros habla de hasta 3,5 millones de damnificados.
Entonces comenzó la procesión de camiones cisterna y las largas colas para conseguir bidones de agua mineral. "Había filas kilométricas", recuerda Mario Pinto, concejal de Colatina, una de las comunidades en torno a Mariana. "La gente acabó riñendo, incluso peleando" para conseguir este preciado recurso, añade. En algunos lugares, a día de hoy, sus habitantes siguen comprando agua embotellada.
Ya no se fían. Aunque han pasado dos años desde el vertido tóxico no ha habido un seguimiento continuado de la calidad del agua y solo tienen la versión parcial de Samarco y un puñado de estudios independientes que arrojan conclusiones distintas. "La gente no maneja informes especializados que les ayuden a comprobar que esta agua es realmente buena", explica el obispo Joaquim Wladimir Lopes Dias, de la diócesis de Colatina.
Samarco asegura que "la fase crítica ya pasó" y la concentración de minerales pesados en el agua ha vuelto a los parámetros anteriores. En cambio, El Grupo Independiente de Evaluación del Impacto Ambiental sostiene que "el hierro y el aluminio están en concentraciones extremadamente altas" y un estudio de la Universidad Federal de Río de Janeiro, en cooperación con Río de Gente y Greenpeace, revela que las aguas subterráneas también han quedado contaminadas perjudicando a la tierra en superficie y, por tanto, a los cultivos.
¿Accidente o negligencia?
A pesar de que se han quedado sin casa, sin ríos en los que pescar, sin tierras que cultivar y sin alimentos para el ganado, los vecinos de Mariana siguen sin respuestas y sin reparación. Ninguna investigación ha determinado por qué reventó la presa de Fundao y todas las causas judiciales han descarrilado por problemas procesales, no de fondo.
Lucas Bolado, Responsable de Proyectos de Manos Unidas en Brasil, recalca que "no se trató de una ola provocada por las lluvias, los vientos o por cualquier otro fenómeno natural. "Ese día, la presa de Fundao no pudo soportar el peso de los millones de metros cúbicos de residuos de mineral de hierro generados por las minas de Samarco" y "triplicó el récord mundial de vertidos tóxicos asociados a la minería", subraya, en declaraciones a Europa Press.
"A diferencia de las catástrofes naturales, el colapso de la presa de Fundao era previsible y evitable", porque la Fiscalía de Minas Gerais advirtió en 2013 del riesgo de que la inestabilidad del terreno hiciera que la estructura se viniera abajo. Roger Lima de Moura, de la Policía Federal, denuncia que se trataba de "una presa enferma". Se construyó con "material que no fue recomendado", con el método menos seguro y hubo "problemas de monitoreo". De hecho, el Tribunal de Cuentas concluyó que el control fue "frágil y deficiente".
Para Bolado, está claro que "la indiferencia –cuando no el afán desmedido de lucro– de la empresa y la pasividad de las autoridades ante los claros riesgos determinaron la magnitud de la tragedia", que sitúa en el contexto de "la explotación desmedida de los recursos naturales, el desprecio por las formas de vida de las comunidades, la connivencia de las autoridades con las grandes corporaciones y la falta de escrúpulos en la búsqueda de mayores beneficios".
La responsabilidad por estos hechos se ha plasmado solo en dos acuerdos "para la rehabilitación y compensación de los impactos", que se negociaron entre Samarco y las empresas vinculadas, por un lado, y las autoridades brasileñas, por otro, uno de 2016 y otro de 2017, que han sido suspendidos por los tribunales y que los damnificados rechazan porque no se les ha tenido en cuenta.
Lo peor, para muchos, es que los errores que inundaron sus hogares de lodo envenenado no se han corregido. Aparecida de Barra, residente en uno de los pueblos afectados en el estado de Minas Gerais, todavía tiene que tomar pastillas para dormir. "La gente nunca sabe cuando puede volver a pasar, si va a pasar de nuevo", explica.
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En Brasil rememoran la mayor tragedia medioambiental de la historia del país ocurrida hace dos años. 
En 2015 se derramaron 62 millones de metros cúbicos de barro tóxico sobre el poblado de Bento Rodrigues, una comunidad de 620 personas en el estado de Minas Gerais, en el sudeste del país, donde al menos 19 personas perdieron la vida, más de 300 familias quedaron sin hogar y ecosistemas enteros fueron comprometidos.
Esto sucedió después de que se generara la rotura de dos diques de contención de la minera Samarco, controlada por la empresa brasileña Vale S.A. y por la anglo-australiana BHP Billiton.

Hasta la fecha no ha habido ningún responsable legal de la empresa minera. Las investigaciones que se iniciaron en su momento culminaron en la suspensión del funcionamiento de la empresa según pedido del Tribunal Supremo y la solicitud de prisión preventiva de seis funcionarios de Samarco, incluyendo al presidente Ricardo Vescoci.
Representantes del Movimiento de Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués) han denunciado que el Poder Judicial brasileño actúa "de forma completamente parcial en favor de los ricos y de los patrones".
Según la Fundación Renueva, creada por Samarco para asumir la reparación de los daños causados por la tragedia de Mariana, las obras para rehacer las comarcas de Bento Rodrigues, Paracatu y Gesteira comenzarán solo en 2018 y deberán concluir un año después.

A dos años del mayor crimen ambiental en Brasil, los afectados en Mariana aún están en la incertidumbre sobre la reconstrucción de sus casas. 
"Nuestras esperanzas y sueños están paralizados. Vivimos en esta angustia de saber que día volveremos a nuestras casas. Los niños piden todos los días para volver a casa y quedamos sin respuesta", denunció Luzia Queiróz, una de las habitantes afectadas. 
Además de la pérdida de cientos de viviendas y centros de trabajo, este desastre arrojó pérdidas en la recaudación de fondos por explotación de recursos minerales, decreciendo de un ingreso en 2013 de poco más de dos millones de dólares mensuales a un ingreso mensual de 250 dólares en 2016.
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Leer también: Minera Samarco. Silencio y abandono ante la mayor tragedia medioambiental de Brasil. Por Agnese Marra. publico.es. 04/11/17. Se cumplen dos años del tsunami de barro y residuos tóxicos de la minera Samarco que acabó con el 80% de la la quinta mayor cuenca hidrográfica de Brasil, mató a 19 personas y destruyó los hogares de 300 familias.`Se cumplen dos años del accidente de Samarco, la mayor tragedia medio ambiental de Brasil. EFE/Neno ViannaNo sonó la sirena como se debería hacer en estos casos. Tampoco se atendieron las advertencias de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la fragilidad del dique que contenía los residuos tóxicos de la minera. Trabajaban sin haber obtenido la renovación de la licencia ambiental. Y no disponían de un plan de contingencia y de prevención de riesgos actualizado. Así fue como el 5 de noviembre de 2015 se cumplieron todos los pronósticos. El dique de la minera Samarco se rompió y un mar de residuos tóxicos, concretamente 44 millones de metros cúbicos -el equivalente del contenido de agua de 17.600 piscinas olímpicas- acabó con la vida de 19 personas, la historia de 300 familias, y con el 80% del ecosistema de la quinta mayor cuenca hidrográfica de Brasil.
El tsunami de barro pilló desprevenido al pueblo de Bento Rodrigues (interior de Minas Gerais) que en cuestión de horas quedó sepultado. Dos días después las ciudades de Paracatú y Gesteira correrían la misma suerte y miles de habitantes de las comunidades de pescadores de la región vieron cómo su forma de vida, la única que conocían, desaparecía. En una semana el barro recorrió 655 kilómetros a través del Rio Doce hasta llegar al océano Atlántico, a la altura del estado de Espíritu Santo, al norte de Rio de Janeiro.
Este domingo se cumplen dos años del accidente medioambiental más grave de Brasil. El silencio de las autoridades brasileñas y de los responsables de Samarco (empresa que pertenece a las dos mayores mineras del mundo, la brasileña Vale y la anglo-australiana Bhp Billiton), contrasta con el lamento de las 300 familias que siguen sin recuperar su vida, que velan a sus muertos, a los del 5 de noviembre y a los que han fallecido a lo largo de estos 24 meses, hundidos por la tristeza del que se ha quedado sin nada.
Tereza das Cruzes echa de menos su horno de leña; Maria do Rosario Rodrigues, las horas que pasaba sentada debajo de la bananera; y Silvio Diniz, levantarse a las cuatro de la mañana para ir a pescar. Todos ellos quieren volver a sus casas, al campo, a la tierra, y poder empezar de nuevo. Ahora sólo repiten una frase: “Estamos presos como un pájaro en una jaula”.
Después de siete meses de lucha, estas familias consiguieron que las reubicaran en apartamentos dentro de la ciudad de Mariana, la más próxima al desastre y la más poblada. Pero la reubicación definitiva, la que supone volver a su tierra, está prevista para 2019, aunque son pocos los que confían en que esa fecha se cumpla.
Conseguir las indemnizaciones correspondientes ha sido una batalla que todavía está por vencerse. La Fundación Renova es la institución que se creó (bajo el mando de las mineras Samarco, Vale, Bhp Billiton) con el fin de encargarse de las indemnizaciones y reparaciones de los afectados. Los que tenían una casa pero la usaban como segunda residencia recibirían 3.000 euros. Los que se quedaron sin su residencia principal, 6.000 euros. Y aquellos que perdieron a familiares, un total de 30.000. Las 300 familias reubicadas deberían recibir un salario mensual de 350 euros por quedarse no sólo sin hogar, sino sin su trabajo: la agricultura y la pesca.
Fractura social: “Pies de barro”Si en un primer momento las víctimas fueron acogidas en Mariana con los brazos abiertos, el paso de los meses ha provocado que los nuevos habitantes sean vistos como enemigos. Cuando salen a manifestarse para reclamar sus derechos no es raro escuchar eso de “ahí están los beneficiados de la tragedia”, o lo de “poneos a trabajar, desempleados”.
El cierre de Samarco, en una región que vivía casi exclusivamente de la minería, provocó que el desempleo pasara de un 5% a un 25%. La mayoría de los impuestos que recaudaba el ayuntamiento de Mariana venía de esta empresa, su desaparición temporal ha supuesto una pérdida de cuatro millones de euros para el municipio, y un recorte de otros 300 puestos de trabajo en el sector público: “Hay una minoría de la población que ve a las víctimas de la tragedia como a los responsables de la situación que vivimos en Mariana, pero es completamente falso”, reconocía su alcalde, Duarte Junior a BBC Brasil.
Se cumplen dos años del accidente de Samarco, la mayor tragedia medioambiental de Brasil