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Recordando el mayor desastre ambiental de Andalucía:derrame de la Mina de Aznalcóllar hace 17 años
23 April, 2015
17 años del desastre de las Minas de Aznalcóllar. ecologistasenaccion.org. 23/04/15. El 25 de abril de 1998 se producía el mayor desastre ambiental de Andalucía. La balsa de la Mina de Boliden en Aznalcóllar derramaba 6 hm3 de lodos tóxicos envenenando la cuenca del Guadiamar y entrando en el Parque Nacional de Doñana por Entremuros.Hoy, 17 años más tarde, destacan 2 hitos en torno a este espacio de desigual cariz, la reapertura de la mina y la declaración del Corredor Verde como Zona de Especial Protección, ZEC, que demuestran a las claras que seguimos cayendo en los mismos errores del pasado, errores que vienen condicionando a Doñana desde su declaración como Parque Nacional y que han determinado que se arrastren males de difícil solución de forma crónica.Leer relacionado: Contaminación a largo plazo en la zona afectada por el desastre de la mina de Aznalcóllar
Zona de desastre de Aznalcóllar
En la década de los 60 se consolidaba el Parque Nacional pero a su vez se declaraba el núcleo de Matalascañas como de Interés Turístico Nacional, iniciándose los procesos de aislamiento por infraestructuras y extracción de aguas que tanto daño han ocasionado a especies y ecosistemas del Parque. En los 80 se ampliaba el Espacio Protegido pero a la vez se consolidaban los regadíos del Plan Almonte- Marismas, con la consecuente merma de recursos hídricos que arrastramos hasta hoy y que están detrás de la pérdida global de biodiversidad de Doñana.
La declaración del Guadiamar como ZEC está empañada por la reapertura de la Mina, nuevamente habrá que sufrir la presencia de un complejo tóxico en la cabecera del río que en función de cómo fluctúe la bolsa de minerales dispondrá de más o menos recursos para dedicarlo a la salvaguarda ambiental, con una administración que debía velar por el cumplimiento de la legalidad pero que ha demostrado en multitud de ocasiones que antepone otros muchos intereses a los medioambientales.
Este año se ha declarado la ZEC Corredor Verde del Guadimar que, con todas sus limitaciones, culminaría la reconversión de la zona afectada por el desastre minero en un nuevo Espacio Protegido englobado en la Red Natura 2000. Esta declaración se ve frustrada por la reapertura de una Mina que durante 17 años nos ha costado un pico a l@s contribuyentes para contener de mala manera la toxicidad que las instalaciones mineras seguían soltando y sin que la Junta haya conseguido que Boliden ponga un euro. Y todo para que ahora una empresa privada venga a hacer lo de siempre, explotar los beneficios que pueda rendir lo que quede de mineral y salir pitando cuando las cuentas no le salgan, siempre con los empleos puestos sobre la mesa como moneda de cambio.
Destacar que la empresa adjudicataria, grupo Mexico, tiene un historial preocupante con varios vertidos contaminantes en minas mejicanas, destacando el que acabó en el río Sonora y que a día de hoy se sigue produciendo como se recoge en la prensa mejicana [1].
Para colmo, el proyecto minero de Aznalcóllar cuenta con el asesoramiento de la Fundación Migres, de la que forma parte como patrono la propía Junta y cuyo presidente es Miguel Ferrer, que encabezó en su día la protesta contra el vertido como director de la Estación Biológica de Doñana y que hoy es coordinador del CSIC en Andalucía. Esta participación es al menos sospechosa por un doble motivo, la Junta actúa como juez y parte al ser quién concede el derecho de explotación y se ve recompensada indirectamente como patrono de una Fundación contratada por la empresa adjudicataria y en segundo lugar, Miguel Ferrer incurriría en una clara incompatibilidad al ser representante del CSIC con lo que se estaría dando el aval de este organismo público a las actuaciones de una empresa privada.
Se pierde la oportunidad de emprender un proyecto público de restauración ambiental y diversificación de la economía de la zona en la que tanto abundan los recursos forestales, agrícolas y ganaderos que bien podían sustentar iniciativas agroalimentarias de transformación destinadas al comercio de cercanía. Otra más.
Notas[1] http://www.excelsior.com.mx/naciona…
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Leer relacionado: Polémica por la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el 17º aniversario de la catástrofe ambiental. lavozdegalicia.es. 24/04/15. El vertido tóxico ocurrido en esta explotación el 25 de abril de 1998, que marcó su cierre, causó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España.La polémica reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, por Minorbis-Grupo México, formado por la cordobesa Magtel y Grupo México, marca el decimoséptimo aniversario del vertido tóxico ocurrido en esta explotación el 25 de abril de 1998, que causó uno de los mayores desastres ecológicos de España.
Vista general de la zona afectada con las balsas de Minas de Aznalcollar causantes de la catástrofe ecológica
Al concurso internacional para reabrir esta mina, adelantado por la Junta de Andalucía al pasado 20 de febrero, concurrieron Minorbis-Grupo México y Emerita Resources España, filial del banco Forbes&Manhattan que ha denunciado judicialmente esta concesión al considerarla «irregular».
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga esta demanda, en la que Emerita Resources también denuncia prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal de la mesa de contratación mientras que, por su parte, la Junta de Andalucía ha reiterado la «total transparencia» de esta adjudicación que preserva todas las cautelas financieras y ambientales, frente a las críticas de formaciones políticas, como IU.
A esta demanda judicial y críticas políticas se han unido las denuncias públicas de WWF y Ecologistas en Acción sobre la mala reputación ambiental de Grupo México, que en agosto del 2014 protagonizó uno de los mayores desastres ecológicos en América, tras el vertido de 40 millones de litros de aguas tóxicas y metales pesados en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea (México).
WWF y Ecologistas piden a la Junta que no reabra la mina de Aznalcóllar porque al estar ubicada en la cabecera del río Guadiamar, principal afluente del Parque Nacional de Doñana, supone una amenaza permanente para este ecosistema, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Y denuncian además que, pese a ello, la oferta ambiental de Minorbis-Grupo México fue la peor valorada en el concurso para esta reapertura.
El director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Juan José Negro, también alerta del riesgo ambiental de este proyecto minero y reclama que sea analizado en el Consejo de Participación de Doñana, órgano de consulta del espacio protegido.
A estas polémicas se une el conflicto laboral surgido en Aznalcóllar tras el despido de los catorce encargados del mantenimiento y la vigilancia medioambiental de la antigua mina.
Minorbis-Grupo México aduce que su explotación será subterránea, lo que reduce el uso de balsas de residuos como la que, al romperse en 1998, vertió al Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos piríticos y aguas ácidas, cuyo impacto contaminante fue cien veces mayor que el de las 63.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige, según un estudio del CSIC.
La riada tóxica de Aznalcóllar de 1998 arrasó 4.386 hectáreas en 62 kilómetros de cauce del Guadiamar, principal afluente de Doñana y se logró detener justo en el límite del parque nacional. Una catástrofe ambiental por la que las administraciones central y andaluza desembolsaron más de 300 millones de euros para descontaminar el Guadiamar, expropiar casi todas las parcelas afectadas para que no se comercializasen alimentos o ganado contaminados y crear El Corredor Verde del Guadiamar, uno de los escasos corredores ecológicos que aún pueden conectar Doñana con Sierra Morena, por lo que fue declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y adscrito a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.
A este desembolso de fondos públicos se suman los más de cien millones del programa Doñana 2005, diseñado por el Gobierno central para la regeneración hidrográfica de este espacio protegido.
Los intentos por cobrar a la multinacional Boliden-Apirsa, propietaria de la mina accidentada, parte de estos fondos públicos han fracasado tras lustros de arduos litigios judiciales, y se han reactivado el pasado febrero tras volver a demandar la Junta de Andalucía a esta multinacional el pago de 89 millones de euros en un juzgado sevillano.
Minorbis-Grupo México anuncia una inversión de 300 millones de euros para reabrir esta mina, de la que pretende extraer 245.000 toneladas anuales de mineral durante 19 años.
La disponibilidad de agua después de que la presa de Boliden fuese expropiada o el manejo de los 820.000 metros cúbicos de suelos contaminados vertidos a la corta de Aznalcóllar que ahora se quiere explotar son otras incertidumbres que rodean la polémica reapertura de esta mina.
La declaración del Guadiamar como ZEC está empañada por la reapertura de la Mina, nuevamente habrá que sufrir la presencia de un complejo tóxico en la cabecera del río que en función de cómo fluctúe la bolsa de minerales dispondrá de más o menos recursos para dedicarlo a la salvaguarda ambiental, con una administración que debía velar por el cumplimiento de la legalidad pero que ha demostrado en multitud de ocasiones que antepone otros muchos intereses a los medioambientales.
Este año se ha declarado la ZEC Corredor Verde del Guadimar que, con todas sus limitaciones, culminaría la reconversión de la zona afectada por el desastre minero en un nuevo Espacio Protegido englobado en la Red Natura 2000. Esta declaración se ve frustrada por la reapertura de una Mina que durante 17 años nos ha costado un pico a l@s contribuyentes para contener de mala manera la toxicidad que las instalaciones mineras seguían soltando y sin que la Junta haya conseguido que Boliden ponga un euro. Y todo para que ahora una empresa privada venga a hacer lo de siempre, explotar los beneficios que pueda rendir lo que quede de mineral y salir pitando cuando las cuentas no le salgan, siempre con los empleos puestos sobre la mesa como moneda de cambio.
Destacar que la empresa adjudicataria, grupo Mexico, tiene un historial preocupante con varios vertidos contaminantes en minas mejicanas, destacando el que acabó en el río Sonora y que a día de hoy se sigue produciendo como se recoge en la prensa mejicana [1].
Para colmo, el proyecto minero de Aznalcóllar cuenta con el asesoramiento de la Fundación Migres, de la que forma parte como patrono la propía Junta y cuyo presidente es Miguel Ferrer, que encabezó en su día la protesta contra el vertido como director de la Estación Biológica de Doñana y que hoy es coordinador del CSIC en Andalucía. Esta participación es al menos sospechosa por un doble motivo, la Junta actúa como juez y parte al ser quién concede el derecho de explotación y se ve recompensada indirectamente como patrono de una Fundación contratada por la empresa adjudicataria y en segundo lugar, Miguel Ferrer incurriría en una clara incompatibilidad al ser representante del CSIC con lo que se estaría dando el aval de este organismo público a las actuaciones de una empresa privada.
Se pierde la oportunidad de emprender un proyecto público de restauración ambiental y diversificación de la economía de la zona en la que tanto abundan los recursos forestales, agrícolas y ganaderos que bien podían sustentar iniciativas agroalimentarias de transformación destinadas al comercio de cercanía. Otra más.
Notas[1] http://www.excelsior.com.mx/naciona…
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Leer relacionado: Polémica por la reapertura de la mina de Aznalcóllar en el 17º aniversario de la catástrofe ambiental. lavozdegalicia.es. 24/04/15. El vertido tóxico ocurrido en esta explotación el 25 de abril de 1998, que marcó su cierre, causó uno de los mayores desastres ecológicos de la historia de España.La polémica reapertura de la mina de Aznalcóllar, en Sevilla, por Minorbis-Grupo México, formado por la cordobesa Magtel y Grupo México, marca el decimoséptimo aniversario del vertido tóxico ocurrido en esta explotación el 25 de abril de 1998, que causó uno de los mayores desastres ecológicos de España.
Vista general de la zona afectada con las balsas de Minas de Aznalcollar causantes de la catástrofe ecológicaAl concurso internacional para reabrir esta mina, adelantado por la Junta de Andalucía al pasado 20 de febrero, concurrieron Minorbis-Grupo México y Emerita Resources España, filial del banco Forbes&Manhattan que ha denunciado judicialmente esta concesión al considerarla «irregular».
El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga esta demanda, en la que Emerita Resources también denuncia prevaricación, tráfico de influencias, fraude y negociación ilegal de la mesa de contratación mientras que, por su parte, la Junta de Andalucía ha reiterado la «total transparencia» de esta adjudicación que preserva todas las cautelas financieras y ambientales, frente a las críticas de formaciones políticas, como IU.
A esta demanda judicial y críticas políticas se han unido las denuncias públicas de WWF y Ecologistas en Acción sobre la mala reputación ambiental de Grupo México, que en agosto del 2014 protagonizó uno de los mayores desastres ecológicos en América, tras el vertido de 40 millones de litros de aguas tóxicas y metales pesados en la mina Buenavista del Cobre, en Cananea (México).
WWF y Ecologistas piden a la Junta que no reabra la mina de Aznalcóllar porque al estar ubicada en la cabecera del río Guadiamar, principal afluente del Parque Nacional de Doñana, supone una amenaza permanente para este ecosistema, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. Y denuncian además que, pese a ello, la oferta ambiental de Minorbis-Grupo México fue la peor valorada en el concurso para esta reapertura.
El director de la Estación Biológica de Doñana (CSIC), Juan José Negro, también alerta del riesgo ambiental de este proyecto minero y reclama que sea analizado en el Consejo de Participación de Doñana, órgano de consulta del espacio protegido.
A estas polémicas se une el conflicto laboral surgido en Aznalcóllar tras el despido de los catorce encargados del mantenimiento y la vigilancia medioambiental de la antigua mina.
Minorbis-Grupo México aduce que su explotación será subterránea, lo que reduce el uso de balsas de residuos como la que, al romperse en 1998, vertió al Guadiamar seis hectómetros cúbicos de lodos piríticos y aguas ácidas, cuyo impacto contaminante fue cien veces mayor que el de las 63.000 toneladas de fuel vertidas por el Prestige, según un estudio del CSIC.
La riada tóxica de Aznalcóllar de 1998 arrasó 4.386 hectáreas en 62 kilómetros de cauce del Guadiamar, principal afluente de Doñana y se logró detener justo en el límite del parque nacional. Una catástrofe ambiental por la que las administraciones central y andaluza desembolsaron más de 300 millones de euros para descontaminar el Guadiamar, expropiar casi todas las parcelas afectadas para que no se comercializasen alimentos o ganado contaminados y crear El Corredor Verde del Guadiamar, uno de los escasos corredores ecológicos que aún pueden conectar Doñana con Sierra Morena, por lo que fue declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y adscrito a la Red de Espacios Protegidos de Andalucía.
A este desembolso de fondos públicos se suman los más de cien millones del programa Doñana 2005, diseñado por el Gobierno central para la regeneración hidrográfica de este espacio protegido.
Los intentos por cobrar a la multinacional Boliden-Apirsa, propietaria de la mina accidentada, parte de estos fondos públicos han fracasado tras lustros de arduos litigios judiciales, y se han reactivado el pasado febrero tras volver a demandar la Junta de Andalucía a esta multinacional el pago de 89 millones de euros en un juzgado sevillano.
Minorbis-Grupo México anuncia una inversión de 300 millones de euros para reabrir esta mina, de la que pretende extraer 245.000 toneladas anuales de mineral durante 19 años.
La disponibilidad de agua después de que la presa de Boliden fuese expropiada o el manejo de los 820.000 metros cúbicos de suelos contaminados vertidos a la corta de Aznalcóllar que ahora se quiere explotar son otras incertidumbres que rodean la polémica reapertura de esta mina.