Tomando algunas frases de la monografía titulada, Tres comentarios acerca de dos conclusiones del informe sobre glifosato elaborado en el ámbito del CONICET en Julio 2009, podemos realizar este minieditorial. Ahí decíamos que la mayoría de los estudios sobre toxicidad de plaguicidas son realizados, en primera instancia, por los laboratorios productores, en forma similar a lo que sucede con los medicamentos. En este último caso, a pesar de lo estricto de los protocolos de evaluación en sus distintas fases, recién cuando los medicamentos salen a la venta es cuando comienzan a aparecer informes de farmacovigilancia con efectos que no habían sido registrados en las anteriores etapas de experimentación. Lo mismo sucede con los plaguicidas. Al hablar de  plaguicidas hay que recordar que son químicos diseñados como biocidas, que datos internacionales consideran que solo un 10 a 20% de los productos en circuitos comerciales ha recorrido en forma completa los protocolos de estudio experimental y que en ningún caso, obviamente,  han sido evaluados teniendo en cuenta los efectos en humanos a mediano-largo plazo ("cancerígenos", sobre todo, agregamos ahora). 

La escena se completa sabiendo que la vigilancia epidemiológica de casos ( agudos, subagudos, crónicos) relacionados con plaguicidas no es una actividad favorecida desde las instancias de la Salud Pública: depende de la voluntad y el interés de algunos actores particulares sobre algún relevamiento puntual de información al respecto y, en manos del Estado, del análisis -sesgado por subnotificación- de la información levantada periféricamente y remitida a los niveles centrales a través de las planillas C2 (Ley 15.465). 
La exposición a compuestos químicos representa siempre un determinado grado de riesgo y no todos esos riesgos son localmente controlables, conocidos y tolerados.  Por otro lado, los ajustes en los límites de exposición a químicos, que son definidos como seguros en los distintos países (márgenes de tolerancia) -en alimentos, en ambientes de trabajo, en medios naturales- están ligados a los conocimientos disponibles (generación, accesibilidad y periodicidad de su revisión), a los umbrales de tolerancia (vinculados a aspectos educativos, económicos y sociales), a las capacidades locales de gestión y control y a las políticas con relación a la actividad económica relacionada con cada norma. 
La primera pregunta debería ser, entonces, formulada a nivel local: dados criterios previamente acordados para establecer condiciones de seguridad, ¿es esta población capaz de usar este producto de manera adecuada? Es una pregunta que se hace (o debería hacerse) en el Estado, como criterio para aprobar el registro de un producto, pero que no se espera sea hecha desde la centralidad de los laboratorios productores de químicos de uso comercial. ¿Como podrían consensuarse estos dos intereses contrapuestos?  La pregunta podría ser reformulada de distinto modo: los actores involucrados en el problema, ¿consideran posible la agricultura sustentable en el país? 
Es mucho más fácil y lineal el análisis de lo que sucede en un laboratorio (evaluación de la exposición de animales a un peligro único, bajo condiciones controladas) que lo que sucede en los campos de labor agrícola (evaluación de riesgo con diferentes grados y vías de exposición a peligros múltiples y simultáneos). Por el especial sistema de venta y uso de plaguicidas aun vigente en el país, que determina un uso no responsable de plaguicidas (no profesionalizado, con persistencia del uso de aviones para la aplicación de productos, con ausencia de vigilancia de exposición ocupacional, con exposición para-ocupacional y poblacional demostrada y situación ambiental preocupante y no suficientemente evaluada), el plano de distribución de responsabilidades debe tener una mirada especialmente crítica hacia aquellos sectores que inciden sobre la persistencia del riesgo en ámbitos rurales en donde las condiciones de trabajo y las condiciones de vida son indivisibles. El riesgo que se adjudica a cualquier químico debe ser evaluado en las condiciones locales de exposición; cualquier extrapolación que se haga desde lo teórico-predictivo es insuficiente y peligrosa. 
Luego de la  publicación del informe que motivara la monografía antes mencionada, llovieron los comentarios críticos hacia el mismo (Sobre el glifosato: "no aclaren más que oscurece"). Posteriormente se elaboró un nuevo trabajo sobre el grado de toxicidad del glifosato por la UNL, a  solicitud de la justicia santafesina, que resulta más completo y extenso (Ver PDF). Este trabajo hacía foco sobre otros ejes que deberían ser tenidos en cuenta, como la necesidad de fortalecer los controles y de garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Señalaban que es necesario realizar estudios epidemiológicos en humanos a fin de evaluar las consecuencias del herbicida a largo plazo, y seguir estudiando “la magnitud de los efectos” en los ecosistemas. También enfatizaba en la necesidad de profundizar “las investigaciones en tecnologías de remediación”, que contemplen el problema de los residuos. 
Nosotros agregamos en ese momento (julio/2011) la imperiosa necesidad de suspender la vía aérea de aplicación, profesionalizar la gestión de insumos y generalizar la vigilancia de expuestos como condiciones inapelables para la continuidad del uso de cualquier producto plaguicida.


El cambio de estatus reciente del glifosato, a partir de la comunicación de la IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer, dependiente de la Organización Mundial de la Salud) de incluirlo como un cancerígeno probable para humanos,  abre una nueva instancia en el uso masivo de este plaguicida en nuestro país. 

Las autoridades nacionales deben tomar nota de esto.