Dictamen para apurar a Bullrich.  El fiscal reclama que la PFA priorice la investigación sobre TIME WARP.   Por Horacio Cecchi.pagina12.com.ar. 22/04/16. Las tormentas que se abren a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich con la Justicia, tras el estallido de la fiesta de música electrónica de Costa Salguero en su propio frente, siguen dando polémica. Primero, la cerrada defensa de sus subalternos de Prefectura, al poner en duda las decisiones del juez federal Sebastián Casanello, luego de que éste allanara dos oficinas de los prefectos. Después, cuando fue público el ocultamiento de una bolsa con pastillas, cigarrillos de marihuana y otras drogas por parte de la Prefectura, Bullrich dio marcha atrás y pasó a disponibilidad a seis de los 19 prefectos que fueron citados a indagatoria por Casanello. Ayer, se le agregó otro condimento: el fiscal federal Federico Delgado pidió a Casanello que “requiera a la ministra (…) Patricia Bullrich, que ordene al jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad y que se respete el plazo judicial, que para la fiscalía debe ser de diez (10) días”. Específicamente se refiere a una docena de celulares, un archivo excell de la notebook de una empresa vinculada a la fiesta, siete notebooks, un pendrive, veinte discos rígidos, una CPU, cinco servidores, entre ellos tres de cámaras de seguridad, todos en poder de la Federal.El fiscal Federico Delgado y la ministra Patricia Bullrich. Imagen: DyN.El dictamen de Delgado –uno de los dos presentados ayer; el otro corresponde al pedido de indagatoria de Martín Gontad (ver aparte)– está titulado “Apuntes para evitar la crónica de un encubrimiento” y comienza recordando que en las presentaciones anteriores ya había sostenido que “la sigla ‘Time Warp’ fue una suerte de significante vacío que alojó una pluralidad de maniobras delictivas prolijamente organizadas”.
Recordó que había señalado “una especie de ‘zona liberada’ para que pudieran comercializarse los estupefacientes dentro de la fiesta, y que terminó ocasionando las, al menos, cinco muertes y las lesiones gravísimas de quienes continúan luchando por su vida”.
Con zona liberada, Delgado hace inevitable referencia a la Prefectura, la fuerza de seguridad pública que estuvo a cargo del control externo de la fiesta, y a la bolsa con drogas de todo tipo que fuera entregada al prefecto Alberto Pandiani –a cargo del grupo de uniformados contratados como “policía adicional”–, y que fue entregada a la Justicia seis horas después de que se conocieran las muertes de los dos primeros jóvenes dentro del Complejo Costa Salguero.
El fiscal sostiene que “en los casos en que existen complejos entramados de intereses y complicidades el riesgo latente constante es el encubrimiento de los hechos por acción u omisión”. Y subraya que “el primer paso del encubrimiento nace con el amontonamiento de efectos secuestrados”. Y pide que el dictamen sea leído en su carácter preventivo, esto es, “evitar que la causa se transforme en la crónica de un encubrimiento anunciado” y alude que esto podría ocurrir merced a “una cultura judicial que privilegia la formalidad por sobre la verdad”.
Delgado apela a que la producción de pruebas y su resguardo se rija por “la necesidad imperiosa de avanzar lo antes posible sobre líneas investigativas aún no exploradas” y “evitar maniobras” que entorpezcan “el accionar de la justicia”, especialmente las influencias que “podrían ejercer las personas investigadas”. “Se trata, en definitiva, de que el sistema judicial maneje los tiempos procesales”.
Hay que recordar que, pese a que la Prefectura es la fuerza de seguridad con jurisdicción sobre Costa Salguero, el fiscal Sandro Abraldes logró su apartamiento por evidencias de ocultamiento (entre otras, que denunciaron las muertes ante el fuero ordinario en lugar del federal, como si no hubiera sido producto del consumo de drogas, pese a que previo al inicio de la fiesta habían pedido instrucciones, según Patricia Bullrich, en dos juzgados federales). Como resultado del apartamiento, tomó intervención la Policía Federal, también dependiente de Bullrich, y a la que ahora está apuntando preventivamente Delgado por evidencias de retardo.
“Nuestra experiencia nos dice que las fuerzas de seguridad tardan en empezar las pericias. Además, cuando empiezan dicen que no tienen medios… De hecho ya pasó acá”, sostiene Delgado en su dictamen y refiere al informe técnico del domingo 17 de los federales a quienes cita: “‘… la tecnología que posee esta División no pudo obtener la información del equipo celular bloqueado con código patrón …’”.
“Esto no puede pasar –afirma Delgado–. Y para que no pase la fiscalía sugiere que VS requiera a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que ordene al Jefe de la Policía Federal Argentina que el escrutinio de las pruebas sea una prioridad y que se respete el plazo judicial”. Y sugiere a Casanello que “fije un plazo perentorio a la División Apoyo Tecnológico y Apoyo Judicial” de la Federal, para una serie de peritajes técnicos:
– Los contactos de las agendas e intercambios de mensajes a través de Whatsapp, Facebook, Twitter y fotos almacenadas en los celulares de las víctimas, y otros cuatro secuestrados a “otras víctimas” y de un celular.
– “Establecer de forma urgente el contenido del documento Excell eliminado de la papelera de reciclaje” de una computadora secuestrada de una firma no identificada en el dictamen entregado a la prensa.
– Verificar el contenido de siete notebooks secuestradas en diferentes lugares; un pendrive color rojo; 20 discos rígidos; una CPU; tres servidores de cámaras; un servidor de administración con cuatro discos; y otro servidor.
Como cierre a su dictamen, Delgado dice que “en caso de que la fuerza de seguridad no cuente con herramientas técnicas para cumplir con el objetivo, se dé inmediata intervención a la Agencia Federal de Inteligencia. Decimos esto porque la totalidad de las fuerzas de seguridad con las que habitualmente trabajamos carecen de tecnología idónea para obtener información de teléfonos celulares, discos rígidos, etc., que cuenten con claves de acceso y habitualmente la AFI logra hacer esos trabajos”.
Las fuerzas de seguridad que “carecen de tecnología idónea” a las que refiere Delgado dependen de Patricia Bullrich, embanderada en una guerra contra las drogas cuyo impacto más promocionado fue el megaoperativo Tres Pistolas, en la que estigmatizó a los habitantes de la villa 31.

Leer también: Andar interpelando al jefe no es PRO. El oficialismo rechazó citar a Rodriguez Larreta a la legislatura por la tragedia de Costa Salguero. pagina12.com.ar. 22/04/16. La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo en torno de la fiesta trágica, pero el macrismo impidió la interpelación del jefe de Gobierno, como reclamó la oposición. También bloqueó la iniciativa de crear una comisión investigadora sobre el hecho.El pedido de informes se aprobó con 55 votos, tras haber llegado a un consenso sobre las preguntas.La Legislatura porteña aprobó un pedido de informes al Ejecutivo en torno de la habilitación de Costa Salguero para la realización de la fiesta electrónica Time Warp, en la que fallecieron cinco jóvenes y otros cinco quedaron internados en estado grave. El requerimiento de los legisladores se aprobó con 55 votos y exige una respuesta al gobierno porteño sobre el papel de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y otras dependencias porteñas, antes, durante y después del evento. En tanto, el bloque oficialista impidió la aprobación de la solicitud para interpelar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y la conformación de una comisión investigadora sobre la tragedia. El legislador del Frente para la Victoria Carlos Tomada recordó que la fiesta “se realizó en la ciudad, en un predio porteño, que debía controlar el gobierno porteño, donde murieron cinco jóvenes y, sin embargo, la agenda del Ejecutivo no se altera”. Rodríguez Larreta continúa de viaje en Estados Unidos.
Después de hacer un minuto de silencio por las víctimas, los diputados consensuaron un texto en común a partir de once pedidos de informes que fueron presentados desde el lunes en la Legislatura por parte de los bloques de la oposición respecto de lo ocurrido en Costa Salguero. El pedido concreto al Ejecutivo incluye la presentación de una copia del contrato entre la empresa que llevó adelante el evento, Dell Producciones SA, y el responsable del predio Costa Salguero, así como el expediente del permiso otorgado a los organizadores de la fiesta. La iniciativa fue impulsada por los diputados del FpV, Frente de Izquierda, Bien Común, Coalición Cívica-ARI, Partido Socialista y Unión Cívica Radical.
“Queremos saber qué pasó y por qué. Queremos saber si ocurrió por incompetencia, negligencia o connivencia de los responsables privados y públicos a cargo de la organización y control del evento”, señaló Tomada. En ese sentido, repasó otros casos ocurridos en los últimos años en los que, “por falta de control del Estado porteño debieron lamentarse víctimas”, como el incendio en el sótano de un taller clandestino en 2015, donde murieron dos niños de 7 y 10 años, el de la empresa Iron Mountain, donde fallecieron 10 personas entre bomberos y rescatistas, los derrumbes en el boliche Beara en 2010 y en el gimnasio Orión en el mismo año, donde fallecieron dos y tres personas, respectivamente. El jefe del bloque del FpV consideró que “el sistema de control del gobierno porteño está en una profunda crisis” y anticipó que él y sus compañeros de banca apoyarán “todos los proyectos que se gesten para saber qué sucedió en Time Warp”.
La iniciativa surgió a partir de la presentación del titular de la AGC en la Legislatura el lunes último, que varios bloques coincidieron en considerar “insuficiente”. Al respecto, la diputada Paula Oliveto Lago cuestionó que el funcionario reivindicara el accionar de su organismo a cargo. “¿Cómo podía afirmar que estaba todo correcto si él no estaba? ¿Cómo la muerte de cinco personas no le generó por lo menos la duda que lo lleve a solicitar un sumario administrativo?”, manifestó. En tanto, José Cruz Campagnoli (Nuevo Encuentro-FpV), subrayó que “hay conexiones entre los concesionarios y el gobierno de la ciudad que le dan mayor gravedad al tema”.
En los 44 puntos del pedido de informe, los legisladores también buscan conocer si existieron en los últimos dos años denuncias respecto de irregularidades detectadas en la realización de fiestas electrónicas en ese predio de la Costanera y si la empresa organizadora registró sanciones por parte del Gobierno de la Ciudad. Por otro lado, exige que se notifique acerca de los requisitos exigidos por la AGC para dar habilitaciones a fiestas, saber cuántas personas contemplaba ese permiso y si el evento contaba con la cobertura de servicio médico.
Además, se indaga sobre “si el Gobierno de la Ciudad realizó inspecciones u otro tipo de controles en el interior o en las inmediaciones durante el desarrollo del evento, especificando horarios de cada uno de ellos y detalle de la cantidad de inspectores intervinientes”. Otra información a la que los legisladores exigen acceder es “cómo y en qué oportunidades se verificó el suministro de agua fría en los servicios sanitarios”, cuál fue “la cantidad y ubicación de los dispensers de agua”; “si se controló la cantidad de agua mineral comercializada, el precio, la marca y si la misma cumple con los controles necesarios para su venta”. Del mismo modo, requiere datos del SAME sobre la situación que encontraron los médicos al llegar a la fiesta y que se detallen los casos de deshidratación, intoxicación, sobredosis y muertes registradas en los asistentes.
A su tiempo, el diputado socialista Roy Cortina vinculó lo ocurrido en Time Warp con el incendio de Cromañón en 2004 por “tener la misma matriz” y sostuvo que espera que “las ideas que sostenían los actuales funcionarios en esa ocasión, cuando eran oposición (por el pedido de renuncia del ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra) las sostengan. En el mismo sentido, Lorena Pokoik, del FpV, ligó ambos hechos y señaló: “De igual modo que en ese momento a los chicos no los mató ni la bengala ni el rock and roll, en este caso tampoco se trata de las drogas y la falta de agua, sino de la ausencia del Estado”.
Los legisladores requieren conocer las medidas y acciones implementadas para impedir el ingreso, consumo y venta de drogas y si exigió al concesionario un mecanismo de prevención y control. Por último, los diputados consultan sobre el contrato con la empresa concesionaria del Costa Salguero, Telemetrix S.A. y el canon abonado.
Informe: Paz Azcárate.