El tema de consulta es el siguiente, junto a mis vecinos estamos atravesando un problema ambiental, ya que vivimos en frente de una fabrica de espirales, a pesar de estar a 7 cuadras del centro de la Capital de Salta, y nos vemos afectadas.
Por informe de Impacto Ambiental y social, se describió la precariedad de la fábrica como de la falta de política ambiental, laboral y social. A pesar que su parcial habilitación no/definitiva fue al margen de las reglamentaciones municipales, hoy sufrimos de alergias, catarros, vías respiratorias irritadas, dolores de cabeza, etc. Esto está constatado por inspección municipal, ya que los mismo inspectores han sufrido algunos de estos síntomas y han observado partículas en el ambiente, las que diariamente nosotros respiramos ya que las actividades se realizan desde las 6.30 de la mañana hasta las 18 de la tarde.
Trabajan con, aserrín, harina, querosén, ácido oleico, piretrina o en su defecto el veneno de la marca ETOC, que estimamos es de la familia de los piretroides. Según el informe de los peritos la el componente humano esta altamente afectado y el componente aire SEVERAMENTE afectado, la fabrica carece una política de desechos tóxicos arrojan los líquidos en la calle. A pesar de ello no hemos conseguido su clausura ya que el municipio quiere constar que es nocivo para la salud científicamente. 

Le pedimos consejo a una amiga experta en temas ambientales quien dice: "Si se toman las cosas tal cual se describen, no es un problema toxicológico el que se plantea: las respuestas somáticas que se mencionan son coherentes con la exposición a esa fuente. Si hay piretrinas por un lado y dolor de cabeza / alergias por el otro, no hay que gastar en estudios epidemiológicos retrospectivos para suponer relación causal. Una fabrica de plaguicidas en pleno mapa urbano no debe ser algo que deba ser probado científicamente como fuente contaminante: simplemente no debería estar ahí. El problema que se plantea, en realidad, es un problema legal: una contradicción entre la gente por un lado, y quienes tienen el poder de decidir (político, económico) por el otro.
En otras palabras: no necesitan un toxicólogo. Necesitan un abogado que los represente, y/o un juez que pueda interpretar las conclusiones de la Reunión Cumbre de la Tierra: "Es el hombre el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo. Tiene derecho a una vida sana y productiva en armonía con la naturaleza".

Tendrá que aparecer algún abogado sensible, que estudie la constitución provincial, busque equivalentes para los artículos 40-43 de la Constitución Nacional, pida recursos de amparo para el cese de actividades de la empresa, ordene la realización de estudios ambientales, obligue a la remediación de ambientes y personas, convoque a reuniones entre partes con espíritu de mediación pero al mismo tiempo con fuerte compromiso de protección ambiental y sanitaria, derive los costos de atención médica de cuadros compatibles…

El principio de precaución y el de derecho a saber (incluidos datos de emisión y transferencia de contaminantes al ambiente físico) deben primar, porque se trata de vecinos que están preocupados por la calidad del ambiente de su barrio. Cualquier otra acción ( por ejemplo hacer estudios para evaluar el grado de contaminante de una planta que no debería estar ahí) es perder el tiempo para la gente y mientras pasa el tiempo se legitima la permanencia de una fuente contaminante donde no debería estar…..".