Esta demanda, planteada a través de una iniciativa legislativa ante las Cortes Generales, ya fue aprobada en la pasada legislatura por el Parlamento vasco, aunque el Gobierno del PP rechazó que fuera tramitada en el Congreso por considerar que afectaba a los Presupuestos Generales del Estado.Tras el veto del Ejecutivo central, la Mesa del Congreso también rechazó la tramitación de la propuesta, por lo que esta ni siquiera llegó a ser debatida en el Congreso de los Diputados.