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Directivos de la Barrick Gold procesados por el derrame de solución cianurada en San Juan
10 March, 2016
Procesan a ejecutivos de la Barrick por envenenar ríos con cianuro. diarioregistrado.com. 10/03/16. El juez de la Segunda Circunscripción decidió procesar a nueve ejecutivos de la minera Barrick Gold por el derrame de un millón de litros de solución cianurada, contaminando cinco ríos sanjuaninos. En septiembre del año pasado, un derrame de solución cianurada de la mina Veladero, ubicada en el departamento sanjuanino de Iglesia, en el noroeste de la capital provincial, causó la contaminación de cinco ríos de la región.Leer relacionado: La rotura de la cañería en la mina de la Barrick derramó 1.000.000 de litros de solución cianurada
Contaminando rios
(SerTox)
Tras el hecho se iniciaron dos investigaciones: una en el fuero Federal, a cargo del juez Sebastián Casanello, y la otra en la Justicia provincial, en la Segunda Circunscripción judicial, a cargo del juez Pablo Oritja.
Ahora, el juez Oritja resolvió procesar por el hecho a nueve ejecutivos de la minera Barrick Gold, quienes serán notificados este jueves de la decisión judicial.
Los procesados son Leandro Poblete, jefe de procesos de la compañía; Segundo Álvarez, subjefe de procesos; Carlos Cabanillas, gerente de minas; Ángel Escudero, gerente de prevención de riesgos; Osvaldo Brocca, supervisor de servicios técnicos; David Sánchez, supervisor de mantenimiento; Ricardo Cortez, supervisor de medio ambiente; Walter Pizarro, gerente de procesos, y Antonio Adames, gerente general de la empresa.
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El gobernador sanjuanino precisó que la multa dispuesta por el Ministerio de Minería provincial, a cargo de Alberto Hensel, asciende a 145.696 pesos y aseguró que se formalizarán todas las instancias para que la sanción sea de “cumplimiento efectivo”.
Uñac aclaró que en el marco del sumario que se inició apenas ocurrió el accidente, se formularon los cargos y se dio lugar a la empresa para que realizara los descargos y para que ofreciera las pruebas de las que intentara valerse a los fines de cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa. “Con esto estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera en la provincia de San Juan”, aseguró el gobernador sanjuanino, porque “hay leyes que cumplir y normas a los que nos atenemos el gobierno y la empresa, y debemos hacer el esfuerzo de cumplir estrictamente con lo reglamentado” tanto en las leyes nacionales como las provinciales.
“La seguridad es un camino de ida y de vuelta que debemos cumplir ambas partes que estamos abocados”, continuó, y señaló que “en esto, el Estado ha ejercido el control determinando el accidente y poniendo las multas”.
El gobernador advirtió que la decisión sobre la multa “no significa que estemos retrocediendo en cuanto al desarrollo de la actividad”, sino que “con esta resolución “la estamos potenciando, porque las leyes mineras en la provincia se cumplen, la industria puede producir y solo hay que activar los mecanismos pertinentes”.
Finalmente el mandatario reconoció que a partir de la sanción dispuesta ayer, “la empresa podrá hacer algún recurso de queja para lo que está habilitada” y que “cualquier iniciativa en este sentido será tratada como corresponde”.
Barrick confirmó en un comunicado la sanción económica de las autoridades sanjuaninas a raíz del derrame de cianuro. La minera lamentó “profundamente” el incidente y manifestó “su deseo de reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y Argentina”. “Lamentamos profundamente este incidente y esperamos, desde este punto, reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y Argentina”, afirmó la firma canadiense.
La empresa aseguró que “las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente” y detalló que “la compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina”.
El jueves pasado, la minera canadiense adelantó que los ejecutivos de la empresa procesados en la causa apelarán la medida ante la Cámara Penal de San Juan, por considerar que “en el caso no se configura un delito”.
En tanto, el juez Oritja aseguró que hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en las cercanías de la mina Veladero, tras el derrame de “mil 72 metros cúbicos de solución cianurada”. Asimismo, fundamentó el procesamiento de los nueve directivos de Barrick en el hecho de que los ejecutivos actuaron de manera “negligente” y se violaron las normas respecto al manejo de residuos peligrosos.
El magistrado dijo que no puede determinar el impacto de la “contaminación acreditada”, aunque estimó que puede ser objeto de investigaciones posteriores, y puntualizó que “no se ha constatado ningún daño en la población”.
Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace reclamó al gobierno sanjuanino el cierre inmediato del de la mina Veladero. “La prueba de que hubo contaminación debería llevar a la clausura inmediata del emprendimiento”, sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace.
El derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada se produjo el 12 de septiembre, tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante llegó a los ríos de la zona.
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Leer también: Nueve Barrick boys con efecto cianuro. Por María Fernanda Rezzano. pagina12.com.ar. 11/03/16. El juez de Jáchal, Pablo Oritja, responsabilizó a nueve directivos de la empresa minera por el derrame de cianuro que se produjo en septiembre pasado en la mina Veladero. Les trabó embargo por cien mil pesos a cada uno. La pérdida fue de cerca de un millón de litros.
“Cuando fue el derrame, los funcionarios se enteraron al poco tiempo y no nos dijeron nada a los pobladores.”La Justicia de San Juan procesó sin prisión preventiva a nueve directivos de la empresa Barrick Gold, por considerarlos responsables del derrame de cianuro que se produjo en septiembre en la mina Veladero. La decisión la adoptó el juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien responsabilizó al personal jerárquico de la compañía minera por la contaminación derivada del incidente en la mina, y les trabó embargo por cien mil pesos a cada uno. La empresa Barrick Gold adelantó que los nueve directivos procesados en la causa por el derrame de cianuro apelarán la medida ante la Cámara Penal de San Juan, mediante los abogados que los representan.
“Sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito”, expresó en un comunicado la minera multinacional.
El magistrado Oritja dispuso el procesamiento aplicando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, por lo que aceptaría que hubo contaminación en los ríos de la zona. El juez consideró en el fallo que los ejecutivos de Barrick actuaron con negligencia e impericia, lo que permitió el derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada que se expandió por los ríos de la zona.
Saúl Zeballos es habitante de Jáchal y miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca. La asamblea se conformó el 27 de febrero de 2015 para enfrentar proyectos mineros que se multiplican en la provincia pero tomó más fuerza con la fuga del año pasado.
Según contó a Página/12, Zeballos es querellante en la causa penal que se tramita actualmente en Comodoro Py, una empresa judicial que podría llegar a “más responsables de los que actualmente están procesados”.
Desde la asamblea, consideran al procesamiento de los empleados de la Barrick Gold como “un avance” aunque esperan que “sigan surgiendo más responsables”. Según el representante de la Asamblea, en la causa penal debería haber imputados de otras áreas tales como funcionarios de la provincia de San Juan o responsables de ambiente.
“Cuando fue el derrame, los funcionarios se enteraron al poco tiempo y no nos dijeron nada a los pobladores. El entonces gobernador José Luis Gioja apareció en canales muy vistos de la provincia diciendo que iba a tomar agua de todos los ríos de San Juan. El mensaje era que no le importaba inmolarse con tal de proteger a una multinacional, pero a los habitantes no nos vino a ver nadie para tranquilizarnos”, agregó Zeballos.
El derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada se produjo el 12 de septiembre, tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante llegó a ingresar en los ríos de la zona.
El juez Oritja dispuso los procesamientos de los directivos de la Barrick sobre la base del artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que impone penas a quienes causan una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo “por imprudencia o negligencia”, y también por “inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”. Desde la Asamblea reconocieron que esperan una sorpresa con el anuncio del “procesamiento a responsables de otras áreas”.
Hasta el momento, el juez Oritja procesó al ex gerente general Antonio Adames, quien fue apartado del cargo tras el derrame, el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Angel Escudero; el gerente de Procesos, Walter Pizarro; el jefe de Procesos, Leandro Poblete y su empleado en el sector, Segundo Alvarez, además de los supervisores Osvaldo Brocca (Servicios Técnicos), David Sánchez (Mantenimiento) y Ricardo Cortez (Medio Ambiente).
Además de la causa que tramita Oritja, también abrió una investigación por el derrame el juez federal porteño Sebastián Casanello, decisión que fue cuestionada en San Juan por considerar que el magistrado no tendría competencia sobre un hecho que ocurrió en la provincia.
“Nosotros estamos como querellantes en la causa de Casanello porque en la provincia no nos lo permitieron. Nos rechazaron aunque fuimos los primeros en denunciar lo que pasaba”, expresó a este diario Zeballos. Además de la denuncia penal, los miembros de la Asamblea presentaron un recurso de amparo en la causa civil. Con ese amparo desde la organización lograron “dos campañas de monitoreo en las cuencas altas y bajas de río Jáchal cuyos resultados llegarán al juzgado en estos días para ser tomados como prueba en Buenos Aires”.
Casanello representa para la Asamblea la oportunidad de ir “contra funcionarios nacionales responsables por ejemplo de la Secretaría de Minería de la Nación. También esperamos que pueda avanzar contra los responsables provinciales. Además, hemos logrado que el juez tenga en cuenta nuestras inquietudes para hacer estudios serios del impacto ambiental”, agregó Zeballos.
“Queremos que nos digan realmente qué es lo que pasó, por eso es necesario que se hagan estudios de impacto. El cianuro puede haber afectado aguas subterráneas y eso pone en riesgo la salud de muchas más personas de las que se sabe”, concluyó Zeballos.
____________________________________________________________________________________________________Leer también: A pagar por la contaminación. Multan a la minera Barrick Gold por el derrame de cianuro en San Juan. pagina12.com.ar.12/03/16. El gobierno provincial impuso una multa de 145 millones de pesos por el vertido tóxico de septiembre pasado en la mina Veladero. Lo hizo después de que un juez confirmara que hubo tres ríos afectados. El jueves, habían sido procesados nueve directivos de la empresa.“Cuando fue el derrame, los funcionarios se enteraron al poco tiempo y no nos dijeron nada a los pobladores.”La Justicia de San Juan procesó sin prisión preventiva a nueve directivos de la empresa Barrick Gold, por considerarlos responsables del derrame de cianuro que se produjo en septiembre en la mina Veladero. La decisión la adoptó el juez de Jáchal, Pablo Oritja, quien responsabilizó al personal jerárquico de la compañía minera por la contaminación derivada del incidente en la mina, y les trabó embargo por cien mil pesos a cada uno. La empresa Barrick Gold adelantó que los nueve directivos procesados en la causa por el derrame de cianuro apelarán la medida ante la Cámara Penal de San Juan, mediante los abogados que los representan.“Sin perjuicio de que no es parte en el caso, Barrick continuará cumpliendo su compromiso de asegurar que los involucrados cuenten con el debido soporte legal mientras el proceso judicial siga su curso, ya que entiende que en el caso no se configura un delito”, expresó en un comunicado la minera multinacional.
El magistrado Oritja dispuso el procesamiento aplicando la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, por lo que aceptaría que hubo contaminación en los ríos de la zona. El juez consideró en el fallo que los ejecutivos de Barrick actuaron con negligencia e impericia, lo que permitió el derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada que se expandió por los ríos de la zona.
Saúl Zeballos es habitante de Jáchal y miembro de la Asamblea Jáchal No Se Toca. La asamblea se conformó el 27 de febrero de 2015 para enfrentar proyectos mineros que se multiplican en la provincia pero tomó más fuerza con la fuga del año pasado.
Según contó a Página/12, Zeballos es querellante en la causa penal que se tramita actualmente en Comodoro Py, una empresa judicial que podría llegar a “más responsables de los que actualmente están procesados”.
Desde la asamblea, consideran al procesamiento de los empleados de la Barrick Gold como “un avance” aunque esperan que “sigan surgiendo más responsables”. Según el representante de la Asamblea, en la causa penal debería haber imputados de otras áreas tales como funcionarios de la provincia de San Juan o responsables de ambiente.
“Cuando fue el derrame, los funcionarios se enteraron al poco tiempo y no nos dijeron nada a los pobladores. El entonces gobernador José Luis Gioja apareció en canales muy vistos de la provincia diciendo que iba a tomar agua de todos los ríos de San Juan. El mensaje era que no le importaba inmolarse con tal de proteger a una multinacional, pero a los habitantes no nos vino a ver nadie para tranquilizarnos”, agregó Zeballos.
El derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada se produjo el 12 de septiembre, tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante llegó a ingresar en los ríos de la zona.
El juez Oritja dispuso los procesamientos de los directivos de la Barrick sobre la base del artículo 56 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos, que impone penas a quienes causan una adulteración peligrosa para la salud del agua, el aire o el suelo “por imprudencia o negligencia”, y también por “inobservancia de los reglamentos u ordenanzas”. Desde la Asamblea reconocieron que esperan una sorpresa con el anuncio del “procesamiento a responsables de otras áreas”.
Hasta el momento, el juez Oritja procesó al ex gerente general Antonio Adames, quien fue apartado del cargo tras el derrame, el gerente de Minas, Carlos Cabanillas; el gerente de Prevención de Riesgos, Angel Escudero; el gerente de Procesos, Walter Pizarro; el jefe de Procesos, Leandro Poblete y su empleado en el sector, Segundo Alvarez, además de los supervisores Osvaldo Brocca (Servicios Técnicos), David Sánchez (Mantenimiento) y Ricardo Cortez (Medio Ambiente).
Además de la causa que tramita Oritja, también abrió una investigación por el derrame el juez federal porteño Sebastián Casanello, decisión que fue cuestionada en San Juan por considerar que el magistrado no tendría competencia sobre un hecho que ocurrió en la provincia.
“Nosotros estamos como querellantes en la causa de Casanello porque en la provincia no nos lo permitieron. Nos rechazaron aunque fuimos los primeros en denunciar lo que pasaba”, expresó a este diario Zeballos. Además de la denuncia penal, los miembros de la Asamblea presentaron un recurso de amparo en la causa civil. Con ese amparo desde la organización lograron “dos campañas de monitoreo en las cuencas altas y bajas de río Jáchal cuyos resultados llegarán al juzgado en estos días para ser tomados como prueba en Buenos Aires”.
Casanello representa para la Asamblea la oportunidad de ir “contra funcionarios nacionales responsables por ejemplo de la Secretaría de Minería de la Nación. También esperamos que pueda avanzar contra los responsables provinciales. Además, hemos logrado que el juez tenga en cuenta nuestras inquietudes para hacer estudios serios del impacto ambiental”, agregó Zeballos.
“Queremos que nos digan realmente qué es lo que pasó, por eso es necesario que se hagan estudios de impacto. El cianuro puede haber afectado aguas subterráneas y eso pone en riesgo la salud de muchas más personas de las que se sabe”, concluyó Zeballos.
El juez de Jáchal Pablo Oritja aclaró que “no se
El gobierno de San Juan multó con algo más de 145 millones de pesos a la empresa Barrick Gold por el derrame de cianuro que se produjo en septiembre en la mina Veladero, mientras el juez sanjuanino que investiga el incidente confirmó que hubo contaminación de los ríos de la zona. El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, resolvió multar a la minera canadiense tras la decisión del juez de la ciudad sanjuanina de Jáchal, Pablo Oritja, de procesar sin prisión preventiva a nueve directivos de Barrick Gold por su responsabilidad en el derrame de cianuro. ha constatado ningún daño en la población”.Imagen: Télam
El gobernador sanjuanino precisó que la multa dispuesta por el Ministerio de Minería provincial, a cargo de Alberto Hensel, asciende a 145.696 pesos y aseguró que se formalizarán todas las instancias para que la sanción sea de “cumplimiento efectivo”.
Uñac aclaró que en el marco del sumario que se inició apenas ocurrió el accidente, se formularon los cargos y se dio lugar a la empresa para que realizara los descargos y para que ofreciera las pruebas de las que intentara valerse a los fines de cumplir con el debido proceso y el derecho a la defensa. “Con esto estamos protegiendo el desarrollo de la actividad minera en la provincia de San Juan”, aseguró el gobernador sanjuanino, porque “hay leyes que cumplir y normas a los que nos atenemos el gobierno y la empresa, y debemos hacer el esfuerzo de cumplir estrictamente con lo reglamentado” tanto en las leyes nacionales como las provinciales.
“La seguridad es un camino de ida y de vuelta que debemos cumplir ambas partes que estamos abocados”, continuó, y señaló que “en esto, el Estado ha ejercido el control determinando el accidente y poniendo las multas”.
El gobernador advirtió que la decisión sobre la multa “no significa que estemos retrocediendo en cuanto al desarrollo de la actividad”, sino que “con esta resolución “la estamos potenciando, porque las leyes mineras en la provincia se cumplen, la industria puede producir y solo hay que activar los mecanismos pertinentes”.
Finalmente el mandatario reconoció que a partir de la sanción dispuesta ayer, “la empresa podrá hacer algún recurso de queja para lo que está habilitada” y que “cualquier iniciativa en este sentido será tratada como corresponde”.
Barrick confirmó en un comunicado la sanción económica de las autoridades sanjuaninas a raíz del derrame de cianuro. La minera lamentó “profundamente” el incidente y manifestó “su deseo de reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y Argentina”. “Lamentamos profundamente este incidente y esperamos, desde este punto, reconstruir un camino de confianza con la comunidad, la provincia de San Juan y Argentina”, afirmó la firma canadiense.
La empresa aseguró que “las circunstancias que produjeron el incidente fueron resueltas inmediatamente” y detalló que “la compañía implementó un plan de acción que corrigió los factores causales del hecho con obras y aumento de controles bajo los cuales las autoridades avalaron la normalización del trabajo en la mina”.
El jueves pasado, la minera canadiense adelantó que los ejecutivos de la empresa procesados en la causa apelarán la medida ante la Cámara Penal de San Juan, por considerar que “en el caso no se configura un delito”.
En tanto, el juez Oritja aseguró que hubo contaminación de los ríos Potrerillos, Las Taguas y La Palca, ubicados en las cercanías de la mina Veladero, tras el derrame de “mil 72 metros cúbicos de solución cianurada”. Asimismo, fundamentó el procesamiento de los nueve directivos de Barrick en el hecho de que los ejecutivos actuaron de manera “negligente” y se violaron las normas respecto al manejo de residuos peligrosos.
El magistrado dijo que no puede determinar el impacto de la “contaminación acreditada”, aunque estimó que puede ser objeto de investigaciones posteriores, y puntualizó que “no se ha constatado ningún daño en la población”.
Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace reclamó al gobierno sanjuanino el cierre inmediato del de la mina Veladero. “La prueba de que hubo contaminación debería llevar a la clausura inmediata del emprendimiento”, sostuvo Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de Glaciares de Greenpeace.
El derrame de cerca de un millón de litros de una solución cianurada se produjo el 12 de septiembre, tras la rotura de una válvula de la tubería que conduce la sustancia por el valle de lixiviación, donde se separa el mineral de la roca. La falla fue detectada varias horas después de producirse el incidente, por lo que el líquido contaminante llegó a los ríos de la zona.