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Dicen que lo peor está por venir respecto a los muertos por asbestos en España
26 October, 2011
El amianto matará en España a 50.000 personas hasta el 2030. elperiodicoextremadura.com. 24/10/11. Aunque su uso se vetó en 2002, la UE hace este cálculo de sus consecuencias . Las víctimas piden un fondo de compensación y más control médico. En hornos, cacerolas, planchas, frenos y embragues de coches, conductos del agua, tejados. El amianto es un producto que, debido a sus excelentes cualidades aislantes y su bajo coste, inundó la vida cotidiana en los 60 con hasta 3.600 usos.
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Pero tenía inconvenientes. Fácilmente las fibras microscópicas de su famoso polvo blanco se inhalan y alojan en los pulmones de quienes lo manipulan o viven cerca de donde se manipula, produciendo asbestosis o cánceres de pleura, pulmón y peritoneo. España vetó su uso en el 2002, pero estas enfermedades tardan hasta décadas en aparecer. El resultado, según la OMS, son 1.100 muertes anuales en España (2 de cada 10 en el mundo), y la UE calcula que hasta el 2030 fallecerán 50.000 españoles.
"Lo peor está por venir", asegura Daniel Angel Cárcoba, experto en salud laboral y expresidente del grupo de trabajo de amianto de la Comisión Europea (CE). "El problema es todo lo importado antes del veto, más de 2,6 millones de toneladas solo entre 1990 y el 2000", explica Miguel Angel Daniel, médico de trabajo especialista en estas enfermedades a las que solo el 2% de los diagnosticados sobreviven más de 12 meses. Por cada 130 toneladas de amianto importadas aparece un mesotelioma, el más maligno de estos tumores, ha calculado Santiago Coca, jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Cárcoba predice, manejando datos oficiales, que los 1.100 trabajadores muertos a causa del amianto en el 2010, de sectores como carpintería, albañilería, fontanería y las industrias naval y ferroviaria, irán aumentando "hasta alcanzar su pico en el quinquenio 2020-25". El cálculo no entra en que, pese a los planes de retirada del amianto, el mineral sigue presente en hospitales, universidades, cines o estudios de radio y televisión. Según Daniel, en las grandes empresas se hace una retirada controlada pero no en todas las pequeñas ya que es un proceso caro. En viviendas hay un problema de información y "a veces, no se retira la uralita, por ejemplo, con las precauciones debidas".
Para expertos, juristas, sindicatos y afectados, la situación en España tiene un problema añadido con respecto a otros países. "Al no generar síntomas claros en la medicina convencional no se considera enfermedad de trabajo y, salvo algunas sentencias, no hay compensaciones", dice Román Oria, jefe de uno de los bufetes de abogados que han presentado sin mucho éxito decenas de denuncias en España.
LAS REIVINDICACIONES
En otros países de la UE existen fondos estatales de compensación con dotaciones millonarias, como en Francia, con 37.000 millones de euros para indemnizar incluso a individuos que vivieron cerca de fábricas que usaban amianto. Esta es una de las principales reivindicaciones de los afectados junto a la creación de un registro de tumores por amianto y un seguimiento médico de los posibles casos. "Le propusimos crear un fondo a Elena Salgado cuando era ministra de Sanidad con una indemnización de 14.000 euros anuales por afectado, pero el Consejo de Ministros y el Congreso lo rechazaron", lamenta Oria.
"Mi marido trabajaba en una azucarera y, al acabar la campaña, reparaban las turbinas. Un día notó que no respiraba bien, que le faltaba aire. Tras meses de un médico a otro, con 58 años, muerto", cuenta María José Sánchez, una de las siete mujeres que han demandado a la azucarera Ebro de Toro tras la muerte de parientes. "Mi hermano era soldador. Le diagnosticaron la enfermedad a raíz de la tartamudez que se inició cuando el cerebro empezó a sufrir daños. Tenía el cáncer tan extendido que a los cuatro meses, con 46 años, murió", relata Carmen García.
Leer relacionado: CC. OO. crea una asesoría jurídica especial por la avalancha de afectados de amianto. lavozdegalicia.es. 23/10/11. La Unión Comarcal de Ferrol de CC.OO. ha puesto en marcha una asesoría jurídica específica para los afectados de amianto ante el número de casos que acuden a su oficina en demanda de asesoramiento.
El nuevo servicio está formado por el el abogado Fernando José Méndez Sanjurjo, una administrativa y un perito médico. El nuevo secretario comarcal del sindicato de pensionistas de Comisiones, Carlos Mella, ha explicado que fue una iniciativa de su organización porque muchos de sus afiliados, antiguos trabajadores de Bazán y Astano, se encuentran entre los demandantes de este servicio, porque sufren las consecuencias de su exposición al asbesto. Se trata de personas con edades comprendidas entre los 55 años en adelante que estaban activos en los años 80 y precedentes, cuando se utilizaba profusamente el amianto como aislante de conducciones de calor en los buques.
Engrosamiento pleural
Carlos Mella comenta que hace ya un año que su sindicato había pedido a la Unión Comarcal la ampliación de la asesoría jurídica. Finalmente, el sindicato nacional de Galicia accedió a ello.
En el 2001 había cerca de un millar de afiliados a Comisiones que pidieron ser examinados por los servicios médicos públicos. En la actualidad quedan unos 700, de ellos el 90% tienen edades superiores a los 60 años. El propio Carlos Mella es uno de ellos: sufre engrosamiento pleural porque desde 1970 hasta que Bazán dejó de utilizarlo, a partir de 1982, estuvo en contacto con este material, como soldador del astillero.
A partir de ahora, todos los afectados que demandaron asesoramiento del sindicato serán citados para que acudan con el informe clínico. El perito médico será el primero en verlos y, tras su valoración, pasarán al abogado. En la actualidad, la Unión Comarcal tiene unos 200 casos abiertos de los cuales 27 están considerados como que tienen posibilidades de prosperar ante los tribunales. Si bien la principal demanda de Comisiones es conseguir que todo lo referido a la asbestosis se «desjudicialice». De manera que el trabajador, si los servicios médicos le diagnostican su afectación física, no se vea obligado a acudir a los tribunales para demandar sus derechos como enfermo profesional. La asesoría atiende también a las viudas. Mella insiste en que, en caso de fallecimiento, la familia debe solicitar la autopsia clínica del cadáver porque es la principal prueba ante los tribunales.
En algunos casos, la Seguridad Social (INSS) ya reconoce la enfermedad de origen profesional a algunos de ellos, sin necesidad de que exista una sentencia, y ha revalorizado la pensión. Pero son escasos y personas mayores de 70 años.
"Lo peor está por venir", asegura Daniel Angel Cárcoba, experto en salud laboral y expresidente del grupo de trabajo de amianto de la Comisión Europea (CE). "El problema es todo lo importado antes del veto, más de 2,6 millones de toneladas solo entre 1990 y el 2000", explica Miguel Angel Daniel, médico de trabajo especialista en estas enfermedades a las que solo el 2% de los diagnosticados sobreviven más de 12 meses. Por cada 130 toneladas de amianto importadas aparece un mesotelioma, el más maligno de estos tumores, ha calculado Santiago Coca, jefe del servicio de anatomía patológica del Hospital Gómez Ulla de Madrid.
Cárcoba predice, manejando datos oficiales, que los 1.100 trabajadores muertos a causa del amianto en el 2010, de sectores como carpintería, albañilería, fontanería y las industrias naval y ferroviaria, irán aumentando "hasta alcanzar su pico en el quinquenio 2020-25". El cálculo no entra en que, pese a los planes de retirada del amianto, el mineral sigue presente en hospitales, universidades, cines o estudios de radio y televisión. Según Daniel, en las grandes empresas se hace una retirada controlada pero no en todas las pequeñas ya que es un proceso caro. En viviendas hay un problema de información y "a veces, no se retira la uralita, por ejemplo, con las precauciones debidas".
Para expertos, juristas, sindicatos y afectados, la situación en España tiene un problema añadido con respecto a otros países. "Al no generar síntomas claros en la medicina convencional no se considera enfermedad de trabajo y, salvo algunas sentencias, no hay compensaciones", dice Román Oria, jefe de uno de los bufetes de abogados que han presentado sin mucho éxito decenas de denuncias en España.
LAS REIVINDICACIONES
En otros países de la UE existen fondos estatales de compensación con dotaciones millonarias, como en Francia, con 37.000 millones de euros para indemnizar incluso a individuos que vivieron cerca de fábricas que usaban amianto. Esta es una de las principales reivindicaciones de los afectados junto a la creación de un registro de tumores por amianto y un seguimiento médico de los posibles casos. "Le propusimos crear un fondo a Elena Salgado cuando era ministra de Sanidad con una indemnización de 14.000 euros anuales por afectado, pero el Consejo de Ministros y el Congreso lo rechazaron", lamenta Oria.
"Mi marido trabajaba en una azucarera y, al acabar la campaña, reparaban las turbinas. Un día notó que no respiraba bien, que le faltaba aire. Tras meses de un médico a otro, con 58 años, muerto", cuenta María José Sánchez, una de las siete mujeres que han demandado a la azucarera Ebro de Toro tras la muerte de parientes. "Mi hermano era soldador. Le diagnosticaron la enfermedad a raíz de la tartamudez que se inició cuando el cerebro empezó a sufrir daños. Tenía el cáncer tan extendido que a los cuatro meses, con 46 años, murió", relata Carmen García.
Leer relacionado: CC. OO. crea una asesoría jurídica especial por la avalancha de afectados de amianto. lavozdegalicia.es. 23/10/11. La Unión Comarcal de Ferrol de CC.OO. ha puesto en marcha una asesoría jurídica específica para los afectados de amianto ante el número de casos que acuden a su oficina en demanda de asesoramiento.
El nuevo servicio está formado por el el abogado Fernando José Méndez Sanjurjo, una administrativa y un perito médico. El nuevo secretario comarcal del sindicato de pensionistas de Comisiones, Carlos Mella, ha explicado que fue una iniciativa de su organización porque muchos de sus afiliados, antiguos trabajadores de Bazán y Astano, se encuentran entre los demandantes de este servicio, porque sufren las consecuencias de su exposición al asbesto. Se trata de personas con edades comprendidas entre los 55 años en adelante que estaban activos en los años 80 y precedentes, cuando se utilizaba profusamente el amianto como aislante de conducciones de calor en los buques.
Engrosamiento pleural
Carlos Mella comenta que hace ya un año que su sindicato había pedido a la Unión Comarcal la ampliación de la asesoría jurídica. Finalmente, el sindicato nacional de Galicia accedió a ello.
En el 2001 había cerca de un millar de afiliados a Comisiones que pidieron ser examinados por los servicios médicos públicos. En la actualidad quedan unos 700, de ellos el 90% tienen edades superiores a los 60 años. El propio Carlos Mella es uno de ellos: sufre engrosamiento pleural porque desde 1970 hasta que Bazán dejó de utilizarlo, a partir de 1982, estuvo en contacto con este material, como soldador del astillero.
A partir de ahora, todos los afectados que demandaron asesoramiento del sindicato serán citados para que acudan con el informe clínico. El perito médico será el primero en verlos y, tras su valoración, pasarán al abogado. En la actualidad, la Unión Comarcal tiene unos 200 casos abiertos de los cuales 27 están considerados como que tienen posibilidades de prosperar ante los tribunales. Si bien la principal demanda de Comisiones es conseguir que todo lo referido a la asbestosis se «desjudicialice». De manera que el trabajador, si los servicios médicos le diagnostican su afectación física, no se vea obligado a acudir a los tribunales para demandar sus derechos como enfermo profesional. La asesoría atiende también a las viudas. Mella insiste en que, en caso de fallecimiento, la familia debe solicitar la autopsia clínica del cadáver porque es la principal prueba ante los tribunales.
En algunos casos, la Seguridad Social (INSS) ya reconoce la enfermedad de origen profesional a algunos de ellos, sin necesidad de que exista una sentencia, y ha revalorizado la pensión. Pero son escasos y personas mayores de 70 años.