Desalojos por la explotación de litio, movilización para reiterar el “no a la minería” y reivindicación de los derechos indígenas y leyes ambientales. Sucede en Catamarca, Chubut y Río Negro, donde asambleas ambientalistas denunciaron el accionar de las multinacionales Pan American Silver, FMC Corporation y Patagonia Gold. “El extractivismo, como política de Estado, no tiene grieta. Y desde los años 90, con el cambio en la legislación de muchos países de Latinoamérica, todos los gobiernos han apostado al desarrollo de la megaminería”, cuestionó la Asamblea de Vecinos de Esquel. El litio es señalado por empresarios, funcionarios y académicos progresistas como “el oro blanco” y publicitado como fuente de ingreso de divisas. Se utiliza en baterías de teléfonos, computados y en autos eléctricos. Catamarca y Jujuy son dos de las provincias donde avanzan las empresas y son rechazadas por las comunidades locales. El 22 de agosto, vecinos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca), realizaron un corte selectivo en la ruta provincial 43 en rechazo a la construcción de un acueducto desde el río Los Patos a un nueva planta procesadora de litio de la empresa Minera del Altiplano (de la multinacional FMC Corporation), a cargo de la explotación de litio Salar del Hombre Muerto. El 30 de octubre, en la misma localidad y por la misma avanzada minera, la policía de Catamarca ingresó con violencia al campo de la familia Morales. Hubo dos detenidos y una persona hospitalizada. Las asambleas socioambientales y organizaciones nucleadas en Pucara (Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación) denunciaron que el trasfondo de la represión es el interés de la empresa minera para construir un camino alternativo para el traslado de sus insumos. La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca emitió un comunicado de rechazo al acueducto para las empresas mineras y exigió a funcionarios (municipales, provincias y nacionales) “suspender todo tipo de actividades extractivas” que afectan las territorios comunitarios. Recordó la violación sistemática de los derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Ley 26.160 y Constitución Nacional) y alertó que, para defender sus comunidades, los diaguitas harán “uso del legítimo derecho a la autodefensa del territorio”. Chubut es una referencia nacional en la lucha contra la megaminería. En 2003, plebiscito mediante, la comunidad de Esquel logró frenar a la multinacional Meridian Gold. El 81 por ciento de los votos dijo “no” a la actividad extractiva. Producto de la movilización en toda la provincia lograron la Ley 5001, que prohíbe la megaminería. Los distintos gobiernos provinciales intentaron derogarla. Y, con la crisis económica-política actual, funcionarios locales se expidieron en favor de la cuestionada actividad. La multinacional Pan American Silver redobló su política de lobby para construir su proyecto (llamado “Navidad”) en el centro geográfico de Chubut. Duplicó su publicidad en diarios y radios porteñas y de Chubut, y reforzó lazos con los intendentes de la zona. En este contexto, vecinos de Esquel (integrantes de la Asamblea local) entregaron a Alberto Fernández un manual llamado “Hablemos de megaminería”, donde sistematizaron todos los argumentos y pruebas de por qué la actividad es nociva para el ambiente, la comunidad y el país. El 25 de octubre lo esperaron durante horas en la puerta de la oficina en San Telmo, intercambiaron unas palabras, le entregaron el manual y hasta se sacaron una foto con el Presidente electo. En un comunicado la Asamblea de Esquel recordó que, previo a las elecciones nacionales y provinciales, las organizaciones socioambientales de Chubut utilizaron un eslogan que resume su pensamiento: “Gane quien gane, que pierda la megaminería”. Las asambleas socioambientales (muchas de ellas nucleadas en la UAC –Unión de Asambleas Ciudadanas–) se declaran apartidarias. La entrega del libro, además de ser un hecho de visibilización política, tiene la intención de visibilizar ante el Presidente electo que muchas comunidades rechazan la actividad que le proponen gobernadores cordilleranos y empresas trasnacionales. En Río Negro, ante el avance inconsulto del proyecto minero de oro y plata Calcatreu, medio centenar de organismos de derechos humanos, comunidades mapuches, iglesias, sindicatos y organizaciones sociales –entre otras– reiteraron su rechazo a la actividad extractiva. El proyecto está ubicado en cercanías a la localidad de Ingeniero Jacobacci y es impulsado por la multinacional Patagonia Gold. Las organizaciones puntualizaron en la contaminación ambiental de la megaminería, el sobreconsumo de fuentes de agua, la falsa promesa de puestos de trabajo. “Conocemos lo sucedido en otras comunidades donde estos emprendimientos se han instalado, sabemos que nada de lo que se promete termina siendo como lo plantean, sabemos que estas explotaciones no mejoran la vida de las comunidades, sino que la lastiman”, afirman la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche, el Consejo Asesor Indígena, Nora Cortiñas, los obispos de Viedma y Bariloche, Misioneros Claretianos, el Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) y la Asociación Ecologista Piuke, entre otros. Denunciaron que la megaminería “sólo sirve para hacer ricos a los más ricos y empobrecer a las grandes mayorías” y reiteraron un reclamo básico de la democracia: que la “comunidad decida” si quiere o no actividades extractivas en su territorio.