El enterramiento clandestino de gamexane en el interior, no tiene culpables.nuevodiarioweb.com.ar. 03/05/16. El depósito tóxico es considerado el más grande de América del Sur y uno de los cincuenta de mayor importancia en el mundo, según denunció Greenpeace. El enterramiento clandestino de treinta toneladas de gamexane al costado de las vías de la localidad de Argentina, Dpto. Aguirre, no tiene culpables. Leer relacionado: Pedirán compensación por enterramiento clandestino de lindano en Argentina, Santiago del Estero

El caso es conocido fundamentalmente en círculos ambientalistas, por el desgraciado suceso del 18 de junio de 1990, cuando en la estación ferroviaria fue descargado un cargamento de 30 toneladas de gamexane fabricado por la empresa de capitales británicos ICI (ex Duperial), sin autorización, mediante engaño y aprovechando la soledad y desamparo de los pobladores, lo que provocó una gran contaminación en el suelo, agua y aire del lugar. Aún hoy los pobladores recuerdan y sufren aquel acontecimiento nefasto, que no sólo afectó la salud de las personas sino también el medio ambiente.

 Luego de más de 20 años de una verdadera batalla judicial, se conoció que la Cámara de Casación (Liliana Elena Catucci, Eduardo Rafael Riggi y Juan Carlos Gemignani), por unanimidad, rechazó los planteos del fiscal federal subrogante, doctor Javier Augusto De Luca, y de esta manera se confirma el sobreseimiento del principal acusado por haberse dejado prescribir la causa, es decir que no se concretó ningún acto interrumpido de la prescripción de la acción penal.

Esto significa un nuevo y duro golpe a los pocos habitantes que quedaron en el lugar. En su momento el ex juez federal Ángel Jesús Toledo, a cargo del Juzgado Federal, firmó el sobreseimiento y a partir de ese momento la batalla judicial se instaló en los tribunales de Buenos Aires, hasta que en estos días se conoció la resolución de la Cámara Federal de Casación Penal y que hoy es publicado por Nuevo Diario. 
CaracterísticasEste depósito tóxico es considerado el más grande de América del Sur y uno de los cincuenta de mayor importancia en el mundo, según denunció Greenpeace en su momento, hecho que fue confirmado por la Organización Mundial de la Salud, en cuyo listado de tóxicos figura el compuesto que posee la característica de no poder ser incinerado en Argentina, ya que sus inhalaciones se expanden en la atmósfera como un sutil viento de muerte.

Argentina es un pueblito donde residen no más de 300 personas. Antes de este escándalo residían unos 500 habitantes, pero algunos prefirieron irse del lugar por temor a morir envenenados.

 El caso tuvo una amplia repercusión no sólo a nivel nacional sino también internacional, según los archivos de este diario.

 La población activa de lo que fue una localidad con proyección ganadera se constituye hoy básicamente de trabajadores golondrina. Su punto de referencia es el típico edificio de la estación de trenes, que perteneció a la antigua línea Mitre.
 
Consecuencias del enterramiento

• Las treinta toneladas de gamexane provocaron graves consecuencias. Una de esas es la contaminación de la tierra y el agua en su momento.
• tro impacto negativo que tuvo fue que cientos de vecinos se fueron del lugar.
• Muchos se fueron a vivir en otras latitudes de la provincia por temor a morir envenenados, recordaron ante una consulta de Nuevo Diario.

 
¿Cómo se originó la contaminación?Hasta la localidad de Argentina llegó, a mediados de junio de 1990, un tren carguero. Procedía de Buenos Aires y se detuvo sobre la vía principal de la estación. Una decena de hombres descargó bolsas de polietileno con un material que, según el responsable del grupo, era “un alimento balanceado para aves en mal estado”. Desde entonces los habitantes del pueblo comenzaron a percibir que un olor a gamexane enrarecía el ambiente causando sofocaciones en la respiración y, en muchos casos, cefaleas. En el año 1994 se denunció el caso en el Juzgado Federal, en ese momento a cargo del doctor Ángel Jesús Toledo.

A lo largo de casi 13 años, los reclamos de la Provincia, a través de diversos organismos a los que se sumaron entidades defensoras de la ecología y del medio ambiente, fueron desoídos. El gobierno santiagueño decidió iniciar acciones legales en la década del noventa en contra de los responsables de la maniobra.