La justicia obliga a Italia a reconocer los efectos del uranio empobrecido.Por Rosa Martines. lamarea.com. 30/03/16.
Los tribunales exigen al Estado indemnizar a familiares de varios soldados muertos tras sus misiones en el extranjero.
En España, el entonces ministro Federico Trillo siempre negó esta vinculación.
Hace 25 años, en la primera guerra del Golfo, Estados Unidos reconoció por primera vez haber utilizado municiones de uranio empobrecido. Desde entonces, el caso ha ido apareciendo intermitentemente en la prensa, sin saber muy bien si se trataba de noticias contrastadas o alarmas infundadas, o si era más bien una estrategia de silencio. Además del reconocimiento por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña de su uso en 1991 y en la invasión de Iraq, la OTAN admitió en 2003 haber disparado 31.000 proyectiles de este material en Kosovo a finales de los 1990, y 10.800 en Bosnia entre 1994 y 1995. Se especula con su posible uso en escenarios bélicos como Afganistán, Somalia, Líbano, Libia o Mali pero nunca se ha reconocido oficialmente. Los datos de la Coalición Internacional para la prohibición de las armas de uranio (ICBUW) indican que al menos 18 países poseen este tipo de armamento, Rusia, Francia e Israel, entre ellos. Poco después de 1991, algunas informaciones especulaban con la posible relación entre la toxicidad del material bélico usado y una serie de problemas de salud que estaban padeciendo los militares estadounidenses y británicos que participaron en la guerra de Iraq. El síndrome del Golfo provocaba desde fatiga hasta malformaciones en sus hijos. Algo más tarde se empezó a hablar de los efectos entre la población iraquí, del mayor número de leucemias, linfomas y otros tumores y también de las anomalías genéticas con las que nacían muchos niños, pero era difícil conocer el alcance real de la situación: no había datos, ni transparencia alguna sobre el número y lugar de proyectiles de uranio empobrecido disparados. Las investigaciones eran limitadas, se hacían con pocos recursos y por eso resultaban fáciles de criticar. Pero todavía hoy se siguen multiplicando desde Iraq las denuncias que atribuyen al armamento utilizado por Estados Unidos y Gran Bretaña el aumento de estos problemas de salud. Se repiten también las peticiones a Naciones Unidas para afrontar la descontaminación de muchas zonas del país. Los primeros casos denunciados en el continente europeo se producen en el año 2000 y se refieren a soldados italianos destinados a Bosnia en 1995 o a Kosovo en 1999. En esos años, hubo soldados fallecidos en muchos países europeos. Sin embargo, el Ministerio de Defensa español, con Federico Trillo a la cabeza, nunca admitió que existiera una relación causa efecto entre esas enfermedades y la participación en misiones militares en el extranjero. El 16 de enero de 2001, el entonces ministro admitió en una comparecencia en el Congreso que “los aviones de ataque contracarro norteamericano A-10 Warthog, empleados por el ejército de los Estados Unidos durante el bombardeo de Kosovo, llevaban proyectiles de uranio empobrecido y que hubo 112 misiones en las que se usó esta munición pero negó que existiera una relación causa efecto entre la radiación emitida por el uranio empobrecido y los cánceres de los tres militares fallecidos hasta entonces. Sus palabras demostraron que sí tenía conocimiento de la existencia de óxido de uranio producido por las explosiones, pero en ningún momento aludió a su peligrosidad diciendo únicamente que “se convierte en vapor al chocar con un blindaje, oxidándose y depositándose en forma de polvo fino”, pero demostrando que había sido objeto de estudio, ya que se había llegado a la conclusión de que, “por cada disparo, sólo se generan 100 gramos de ese polvo, lo que supone un total de 400 kilos de polvo de uranio oxidado que pudiera estar depositado en la zona de Kosovo”. Y, poco más, en España las advertencias sobre los efectos del uranio empobrecido pronto perdieron fuerza. En Italia no se calmaron las aguas tan fácilmente: una asociación, L’Osservatorio Militare, se ha encargado de recopilar y actualizar los datos de los soldados muertos. El goteo es continuo y la lista va ya por la víctima 327. Según sus datos, sólo en enero han fallecido cuatro militares. En total son cerca de 3.700 los casos recogidos por esta asociación, que se encarga también de la asistencia jurídica de los militares que desean llevar su caso ante los tribunales. En este tiempo ha habido más de 40 sentencias de distintos tribunales civiles que obligan al Ministerio de Defensa a reconocer la vinculación entre los tumores de otros tantos militares con sus misiones en el extranjero. La última, el pasado mes de enero, establecía una indemnización de 882.322 euros para la hija y la viuda de Pasquale Cinelli. Este paracaidista de los Carabinieri murió poco después de volver de sus misiones en el extranjero, Somalia y Bosnia principalmente, donde estuvo en contacto. Según la sentencia que hizo pública el programa Report de la radiotelevisión italiana RAI, estuvo expuesto a “numerosos factores de riesgo como la contaminación atmosférica, las contaminaciones tóxicas provocadas por el impacto y la explosión de las municiones de uranio empobrecido” sin que el Ejército le proporcionase la indumentaria y el equipo necesario para su protección. La sentencia hace referencia también a “las partículas exógenas (de unos 800 nanómetros y con contenidos de hierro, aluminio, cobre, zinc y cloro) susceptibles de provocar patologías tumorales” encontradas en las células de Cinelli. Eludir responsabilidades El abogado de L’Osservatorio Militare, Angelo Fiore Tartaglia, que ha llevado la mayor parte de las causas, afirma que las sentencias que los tribunales han dictado hasta el momento “han obligado al Estado a intervenir con medidas en el ámbito de la seguridad social que, sin embargo, no cubren todos los daños sufridos por el militar y sus familias”. Pero, en su opinión, “si estas causas judiciales no se hubiesen llevado adelante y, además, no se hubiesen ganado, el problema del uranio jamás habría existido”. La actitud del Estado, que pese a las condenas no ha asumido ninguna responsabilidad, se debe, según otro de los miembros de la asociación, Domenico Leggiero, a “la voluntad de ocultar las responsabilidades de los altos cargos políticos y militares de la época”. A pesar de los pequeños avances políticos, durante los últimos 15 años las historias de muchos militares han sido contadas en reportajes periodísticos y documentales que, de vez en cuando, ofrecía alguna televisión. Una de ellas es la de Luciano Cipriani, suboficial del Ejército del Aire, cuyo fallecimiento fue noticia el pasado 7 de enero. Cuatro días antes, un equipo de la RAI había estado en el hospital filmándole y recogiendo las palabras de su hermana Maria Grazia, que explicaba que en el cerebro de Luciano se habían encontrado nanopartículas de acero. En el mismo documental, otro militar, Gianluca Danise, que murió seis días después, rememoraba la imagen de los americanos bajando de los camiones: “Con sus escafandras amarillas mientras nosotros solo teníamos unas mascarillas blancas antipolvo adquiridas por nosotros mismos y tal vez unos guantes de usar y tirar”. Entre los grados bajos de la jerarquía militar, es común el lamento de sentirse abandonados por las instituciones estatales. En estos momentos hay en el Parlamento italiano una comisión de investigación, en concreto la quinta que se crea para estudiar el problema. Domenico Leggiero, quien será uno de estos asesores, no oculta el escepticismo que le producen estos órganos: “No han llegado hasta ahora a ninguna conclusión útil y por ello preferimos confiar en la autoridad judicial, con más autoridad, objetividad e independencia”. La actual comisión se denomina, para abreviar, del uranio empobrecido, pero en realidad tiene un nombre más largo que merece la pena traducir. En la Gazzetta Ufficiale, el Boletín Oficial, del 13 de julio de 2015, se recoge la “Institución de una Comisión parlamentaria de investigación sobre los casos de muerte y de graves enfermedades que han afectado al personal italiano empleado en misiones militares en el extranjero, en los polígonos de tiro y en los lugares de almacenamiento de municiones, en relación con la exposición a particulares factores químicos, tóxicos y radiológicos con posible efecto patógeno y la administración de vacunas, con especial atención a los efectos del uso de proyectiles de uranio empobrecido y de la dispersión en el ambiente de nanopartículas de metales pesados producidas por las explosiones de material bélico y a posibles interacciones”. Como se aprecia en el título de la comisión, en Italia las denuncias sobre los efectos del uranio empobrecido se dirigen también a los efectos en el ambiente y sobre todo en la población de la zona de la actividad realizada en los polígonos de tiro, principalmente de Cerdeña. En esta isla del Mediterráneo hay tres polígonos de tiro, Teulada, Capo Frasca y Salto di Quirra. El pasado otoño estas instalaciones fueron escenario de la Operación Trident, la mayor ejercitación militar de la OTAN desde la guerra, que también se desarrolló en suelo español y que logró pasar bastante inadvertida, aunque se desplegaron 36.000 soldados (20.000 en España) y 230 unidades terrestres, aéreas y navales. Síndrome de Quirra Salto di Quirra es el mayor polígono militar de Europa, un recinto experimental para misiles balísticos a cargo del Ejército del Aire italiano y a disposición de la OTAN, pero que puede ser alquilado y usado por ejércitos o industrias de otros países por unos 50.000 euros por hora, según informaba el diario L’Unitá en 2011. Una investigación del diario La Repubblica señalaba que en esta base han entrenado “israelíes, turcos, alemanes, ingleses, países de la OTAN, pero también del Este, e incluso en el pasado los libios de Gaddafi”. Entre los habitantes de las localidades cercanas a Salto di Quirra se han dado enfermedades y malformaciones similares a las denunciadas por algunos militares a la vuelta de sus misiones en el extranjero. Tanto es así que se ha acuñado el término síndrome de Quirra para hablar de estos problemas de salud. El Comité popular para la defensa del ambiente y de la salud en el Sarrabus (región a la que pertenece la base), en Villaputzu, municipio de 5.000 habitantes al que pertenece Quirra, de 1998 a 2011 se produjeron 28 casos de leucemia. Entre los 150 habitantes de Quirra, 10 de los 18 pastores que llevaban a pastar a sus animales a la zona del polígono tuvieron cáncer. Domenico Fiordalisi, el fiscal que en enero de 2011 abrió una investigación sobre la relación de estas enfermedades con las actividades desarrolladas en el polígono militar y con los residuos militares acumulados en él, afirmaba en una entrevista en 2012 al periódico Il fatto quotidiano que la causa del síndrome de Quirra era principalmente una fuente radiactiva contenida en los misiles Milan disparados en la base. Dentro de este proceso judicial se llevó a cabo la exhumación de los cadáveres de varios pastores de la zona fallecidos por leucemia o linfomas. En ellos se halló una cantidad anómala de torio, empleado en los mencionados misiles en la versión fabricada hasta 1999. El Ejército español también posee proyectiles Milan de procedencia alemana y francesa, como se puede ver en la página web de Defensa. El País informaba en 1990 de la compra por parte del Instituto Nacional de Industria de este tipo de misiles por 6.500 millones de pesetas, más de 39 millones de euros. Si las explosiones de uranio empobrecido son sospechosas de haber causado importantes problemas de salud entre los militares occidentales participantes en las guerras de Irak y de la antigua Yugoslavia, es lógico pensar que las consecuencias entre las poblaciones de la zona han sido incluso mayores. Pero como en el caso de Iraq, las denuncias del aumento de cánceres en Kosovo y en Bosnia, cifradas en ocasiones en el 200%, y en poblaciones cada vez más jóvenes, apenas llegan a los medios de información occidentales y, en consecuencia, tampoco a la opinión pública. Pese a que muchas organizaciones exigen la prohibición de las armas con uranio empobrecido y en 2001 hubo incluso una resolución del Parlamento Europeo pidiéndola, Bélgica es el único país europeo en el que desde 1999 está prohibida la producción, el uso y la venta de este tipo de armamento. Un desecho nuclear El uranio empobrecido es en realidad un residuo industrial. En la naturaleza, el uranio se compone de tres isótopos: U 234, U 235 y U 238. Enriquecer el uranio para su uso militar o industrial significa aumentar la concentración de U 235, el isótopo más radiactivo. El resto, mayoritariamente U 238, es lo que llamamos uranio empobrecido, que al continuar siendo radiactivo, aunque menos, también necesitaría almacenarse como residuo nuclear. Como detalla un documento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), “el uranio empobrecido puede ser también un subproducto del reprocesamiento del combustible ya utilizado en los reactores nucleares. En esas condiciones puede encontrarse también otro isótopo del uranio, U 236 junto con muy pequeñas cantidades de los elementos transuránicos plutonio, americio y neptunio y del producto de fisión tecnecio-99”. La alta densidad del uranio empobrecido le confiere mucho poder de perforación del blindaje de tanques y otros vehículos militares. Esto, unido a su bajo precio, lo hace especialmente interesante para la industria armamentística, aparte de que es una forma de “reciclar” un residuo nuclear. Pero los proyectiles con uranio empobrecido cuando impactan en su objetivo arden a temperaturas altísimas, lo que provoca la liberación a modo de aerosol de minúsculas partículas de óxido de uranio y tal vez de otros metales pesados, dependiendo de la composición del objetivo alcanzado. En la inhalación o ingestión de estas micropartículas es donde podría residir la peligrosidad del uranio empobrecido.