En San Miguel del Monte, la empresa ABSA (Aguas Bonaerense Sociedad Anónima) suministra agua “potable” con hasta diez veces más contenido de arsénico que el permitido. Un amparo judicial obliga a que la empresa entregue bidones a los amparistas y la jueza analiza extenderlo a toda la ciudad. En 2014, la Corte Suprema había definido el agua como un derecho humano y ordenó proveer del líquido en la localidad bonaerense de 9 de Julio. La empresa no analiza si el agua contiene agrotóxicos.
El arsénico es un elemento químico que se encuentra en el ambiente de forma natural y es cancerígeno. Está reglamentado su máximo en el agua de consumo humano (10 microgramos por litro –0,01 miligramos–). Por el aumento de enfermedades (entre ellas el cáncer), nació la organización “Todas/os por el Agua San Miguel del Monte”, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Realizaron estudios y confirmaron lo temido: los valores del químico superan lo permitido (entre 80 a 100 microgramos) y hasta se evidenció en la orina de niños que consumen el agua de red.
En 2016, datos epidemiológicos de los centros de salud dieron cuenta de 196 casos oncológicos por año, en una localidad con 21 mil habitante. Supera en cuatro veces a la media nacional, que establece 217 casos por cada 100 mil habitantes. A mediados de 2018, el Concejo Deliberante declaró la “emergencia sanitaria” mediante la ordenanza 4182.
En diciembre de 2018, la ONG Naturaleza de Derechos asumió la representación jurídica de los vecinos. Realizaron estudios en el agua de las escuelas y confirmaron el alto contenido de arsénico. Reclamaron al Municipio (intendenta, Sandra Mayol) y también al gobierno de María Eugenia Vidal, pero no obtuvieron respuesta. Presentaron un amparo judicial y lograron un fallo favorable.
La jueza Sandra Grahl, del Juzgado Civil y Comercial 17 de La Plata, determinó en abril pasado que la empresa debe entregar bidones de agua potable (libre de arsénico y agrotóxicos) a las familias de los 43 amparistas, escuelas, clubes deportivos y centros de salud. ABSA también debe informar mensualmente a la población sobre los residuos de arsénico en agua. El Ministerio de Salud de Buenos Aires debe implementar el “Plan de Vigilancia Epidemiológica sobre el Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico” (Hacre).
“Más de 50 años recibiendo en nuestras casas agua con arsénico. Si querés tener más detalles y agua potable, suma tu compromiso; por vos, por tus hijos, por la salud y la dignidad de todos los montenses”, invitaba una de las primeras convocatorias de los vecinos. Violeta Rodrigo, de “Todos/as por el Agua”,explicó que ABSA propone construir piletones para mezclar agua de distintos pozos, y así equilibrar los niveles de arsénico. “No aceptamos eso. Exigimos la planta de ósmosis inversa (sistema físico-químico que permite purificar el agua)”, aclaró Rodrigo.
La jueza ordenó a la Autoridad del Agua (ADA –espacio gubernamental que debe regular el sector–) que informe si busca agrotóxicos de uso actual y solicitó presente en un plazo de 20 días un estudio de las aguas subterráneas de San Miguel del Monte. ADA reconoció que no busca los agrotóxicos más utilizados (glifosato, atrazina, 2-4D, entre otros).
ABSA, que no respondió la consulta de este diario, apeló la entrega de bidones en los domicilios de las 43 familias amparistas y cuestionó la exigencia de que no se superen en arsénico los 10 microgramos por litro (considera que resulta permisible un residuo de arsénico de 50 microgramos, en base a la derogada ley provincial 11.820). La empresa reconoció que no busca los agrotóxicos que se utilizan en la actualidad.
“El agua potable es un derecho humano inalienable. Sentimos que es el deber de los habitantes de todas las comunidades exigir al Estado el cumplimiento irrestricto de nuestros derechos”, explicaron en un comunicado desde la organización Todas/s por el agua de San Miguel del Monte.
En los fundamentos, la jueza resaltó: “Los especiales derechos que están en juego en el presente litigio, esto es, el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran número de vecinos de la localidad de San Miguel del Monte, entre ellos niños”. Detalló que “el agua provista por la empresa prestataria del servicio contiene niveles de arsénico superiores a los permitidos por la legislación vigente”. Y explicó que el reclamo es también contra el gobierno de Buenos Aires porque ejerce el dominio sobre el acuífero del cual se sirve ABSA para proveer agua de red. La jueza Sandra Grahl aún no definió si ABSA debe entregar agua a toda la comunidad.
El fallo establece que la empresa debe adecuar la calidad y potabilidad del agua de uso domiciliario, según los parámetros establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en coincidencia con la norma del artículo 982 del Código Alimentario Argentino (10 microgramos por litro de arsénico y sin agrotóxicos).
Aguas Bonaerense SA (ABSA) tiene el monopolio del agua en 79 localidades de la provincia, 786 mil usuarios, unas 2,5 millones de personas. La empresa publicita que tiene como objetivo “afianzarse como una empresa de servicios públicos esenciales, reconocida por su gestión eficiente y su profundo compromiso social con la comunidad”.