En febrero, un derrame de un deshecho de una finca ocasionó el envenenamiento del agua del arroyo Salas Caroca, afluente del río Tunuyán, y provocó la mortandad de unos 30 mil peces, entre ellos, carpas y truchas jóvenes conocidas como "amur", de una granja acuática y coto de pesca del ingeniero Rodolfo Moscuén.
Un laboratorio extranjero contactó a Moscuen, ofreciendo sus servicios para determinar qué tipo de químicos provocaron el envenenamiento. "En 4 días tuvieron el resultado: la sorpresa fue que el veneno que mató a los peces es un pesticida derivado del DDT, muy nocivo y que está prohibido en Europa y Estados Unidos desde el ’72 y en Argentina desde el ’80", afirmó Moscuen.
Este tipo de pesticida, el diclorodifeniltricloroetano, es muy perjudicial para la vida silvestre y, en el caso de ser consumido por humanos en el agua o alimentos que contengan pequeñas cantidades, puede afectar el sistema nervioso.
"Estoy siguiendo el caso con mucha incertidumbre, realmente creo que utilizaron el agua a su gusto. El biólogo del laboratorio chileno, Andes Control, me informó que no hay muchos datos debido a que el uso de este pesticida está prohibido hace tiempo, pero aparentemente en la tierra permanece de 2 a 15 años".El culpable del envenenamiento es un tóxico no hidrosoluble. Por ende, se materializa como una "mancha voraz" que sólo fue detenida por la materia grasa de los peces y todos los seres vivos pequeños que encontró a su paso. Según Moscuen, la dosis que viajó en el agua del arroyo Salas Caroca era sustancial. 
El superintendente de Irrigación en Tunuyán, Carlos Dávila, se reunió ayer con Moscuen junto al Secretario de Ambiente, Marcos Zandomeni. "Nuestro análisis ya está terminado, creemos que mañana ya podremos dar a conocer los resultados de la investigación que realizaron nuestros biólogos, que concuerdan con los datos del laboratorio privado que trabajó con el ingeniero Moscuen", afirmó Dávila.
El Departamento de Irrigación aclara que su responsabilidad recae en establecer el grado de contaminación del agua y el punto específico de derrame toxicológico. A partir de ahí, se multará a los responsables con un monto de hasta 1 millón de pesos. "Por otro lado, la responsabilidad civil es de la Justicia, que decidirá el futuro del caso. Y por último, el Iscamen es el órgano autorizado para determinar la responsabilidad agropecuaria de los productores y cotejar los resultados con las listas de productos prohibidos". 
Rodolfo Moscuen confiesa a MDZ que no puede dar a conocer el nombre de la finca por determinaciones legales, pero asegura que "es una empresa grande". Dávila, por su parte también informa que la cuestión legal es imbricada porque los productores trabajan con un contrato de alquiler sobre la zona, en un inmueble con otro titular. 
El ingeniero Moscuen establece con su denuncia un debate sobre la conciencia de la utilización de los cauces en relación a la industria agropecuaria. “Realmente no quiero decirlo así, pero muchos productores son ignorantes. Contaminan el arroyo sin saber, a veces piensan ‘bueno, pero en el agua los tóxicos de diluyen’, y no es así. Cualquier persona que tome agua de ahí puede ser perjudicada”.La contaminación agropecuaria es un tema que busca insertarse en la agenda pública y la opinión social y, si su debate se instituye con la magnitud del reclamo por la minería contaminante, puede enriquecer el conocimiento popular sobre actividades que determinan el futuro ambiental de la provincia.