Según la Resolución 1141 del año 2004, para el Ministerio de Salud de la Nación los plaguicidas son considerados un problema de Salud Pública y su utilización se entiende como tolerable únicamente en el marco de un programa integral de control de plagas, en manos de un profesional habilitado y toda vez que otros mecanismos de abordaje del problema no resulten sanitariamente viables.

En ese caso, la decisión de uso de plaguicidas debe basarse en criterios que se nutran en las evidencias sobre los efectos sobre la salud humana y ambiental, en la caracterización de la exposición y en los aspectos de vulnerabilidad específicos de cada comunidad.
Según datos del Foro Intergubernamental de Seguridad Química, las normas de seguridad relacionadas con la gestión de plaguicidas están, en todo el mundo, muy por debajo de lo que se necesita para proporcionar protección apropiada a la salud humana y al ambiente. La expectativa está puesta en un cambio de enfoque del problema para que la mayoría de los  países disponga de estrategias integradas y ecológicamente racionales para la lucha contra las plagas y vectores.  Esto es especialmente importante en países de menor desarrollo con escasas precauciones tomadas en el sentido de disminuir los riesgos derivados de su uso; según datos de la Organización Mundial de la Salud para el año 2000, América Latina contribuía con el 50% de los casos de intoxicación y el 75% de las muertes causadas por plaguicidas en todo el mundo, a pesar de que en esta Región las ventas representaron el 10.4% del total mundial.
En los países en los que se han desarrollado prácticas más sustentables la utilización de plaguicidas queda restringida al trabajo de aplicadores profesionales, convenientemente capacitados y protegidos, y corresponsables de los impactos sanitarios y ambientales que el uso de plaguicidas puede acarrear.
Quienes recurran a la utilización de sustancias químicas para el control de plagas – agrícolas o sanitarias – tienen la  múltiple responsabilidad de atender a:

√ el cuidado de la salud de la población general,
√ el cuidado de la salud, la seguridad y la capacitación del personal involucrado con el transporte, guarda y  aplicación,
√ la protección de los ambientes naturales o antrópicos en los que los productos son utilizados,
√ el destino final de los productos/restos/envases dado su rol de generador de residuos peligrosos.
Sobre todo, deben poder evaluar la gestión de plagas desde un escenario más completo, que integre aspectos biológicos y productivos y contemple posibilidades no químicas de sustitución.