Anaversa, el accidente que nunca debió suceder hace 25 años. Por Beatriz Torres Beristain. e-veracruz.mx. 02/05/16. En 1962 se estableció en Córdoba, Veracruz, una formuladora de plaguicidas: Agricultura Nacional de Veracruz S. A. (Anaversa), en el barrio de La Estación, sobre la avenida 11, entre las calles 21 y 23, a 1.30 km del centro de la ciudad. Esta planta estaba rodeada de casas de clase media y baja, escuelas, una gasolinera, iglesias y pequeños comercios. Oficialmente formulaba cinco plaguicidas: pentaclorofenol, 2,4-D, paratión metílico, malatión y paraquat; sin embargo, en las paredes del local se anunciaban más de 20 productos, los cuales, si no se formulaban ahí (de manera ilegal, claro), al menos se almacenaban y vendían. Leer también,  Recordando ANAVERSA, Córdoba, Veracruz, México, 1991: el peor desastre ecológico en América Latina

El 3 de mayo de 1991, alrededor del mediodía, la planta se incendia y explota, lo que provocó una nube tóxica que se extendió alrededor de un tercio de la localidad. Miles de personas resultaron afectadas debido a la falta de información sobre las sustancias que fueron esparcidas, así como al mal manejo de la emergencia. Los más afectados: los vecinos más cercanos.
Este evento causó graves e irreversibles daños a la salud de la población y al medio ambiente. No sólo se dispersaron plaguicidas de toxicidad aguda, sino que, al quemarse, produjeron dioxinas y furanos, sustancias altamente tóxicas y persistentes en el ambiente.
Entre los problemas que puede provocar a la salud humana la exposición a las sustancias mencionadas están: daños en la reproducción y el desarrollo, defectos congénitos, afectación al sistema inmunitario y hormonal, diversos tipos de cánceres. 
La Asociación de Afectados por Anaversa estima que más de 1 500 personas han fallecido a consecuencia del accidente; sin embargo, oficialmente no se reconoció ningún afectado, salvo los casos de intoxicación aguda que se dieron al momento de la explosión y que fueron dados de alta a los pocos días sin ningún seguimiento.
Debido a la inacción de las autoridades frente al desastre, la población presentó en su momento una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la cual fue atendida y derivó en la emisión de una recomendación (99/1991) por parte de dicho organismo.
En la recomendación se solicitaba que los entonces secretarios de Salud (Jesús Kumate Rodríguez) y Desarrollo Urbano y Ecología (Patricio Chirinos Calero) repararan los daños causados, proporcionaran atención médica especializada a los afectados y establecieran una vigilancia epidemiológica de larga duración. La recomendación de la CNDH nunca se cumplió.
En el libro México Tóxico. Emergencias químicas, escrito por Lilia América Albert y Marisa Jacott (2015, Siglo XXI), hay un capítulo dedicado a esta emergencia química: “Anaversa, un crimen impune”, en el que se explica con detalle el episodio, las acciones de atención que se realizaron, las responsabilidades y omisiones de diversas autoridades, concluyendo con reflexiones sobre las enseñanzas que deben aplicarse para evitar otro suceso de tal magnitud.
El percance de Anaversa ha acarreado fuertes costos ambientales y sociales, especialmente daños a la salud, así como un gran y prolongado sufrimiento humano. A pesar de que la evidencia científica probó que las sustancias que se formulaban y las que se produjeron por el incendio generaron diversas enfermedades mortales, ni la empresa ni el gobierno reconocieron a ninguna persona como víctima de la tragedia. 
Al no reconocerse a ningún damnificado, no existieron tratamientos ni indemnizaciones. Las víctimas se han ido muriendo poco a poco, de modo que, como dice Rosalinda Huerta, de la Asociación de Afectados por Anaversa, ese evento ha provocado un “Holocausto silencioso”.
El predio fue abandonado después del accidente, ni los particulares ni el gobierno se hicieron cargo de su remediación. Actualmente se lee en el portón de la propiedad: “Se vende, 3600 m2”, cuando después del desastre se pintó en el mismo portón: “Contaminado, No se vende”. 
En el 2014 las autoridades municipales de Córdoba tuvieron la intención de establecer un mercado en el inmueble, pero muy pronto la idea fue suspendida gracias a la movilización social, pues se alertó que pese al tiempo transcurrido continúa siendo un sitio dañino para la población. 
En febrero del presente año la empresa ingresó ilegalmente al edifico y demolió lo que alguna vez fueron las oficinas y la planta formuladora. Alertados por los vecinos, el jueves 25 de dicho mes las autoridades municipales de Córdoba clausuraron la demolición del inmueble. 
La clausura llegó tarde: la demolición fue casi total y durante los trabajos se produjeron polvos y residuos que expusieron por segunda ocasión a la población a contaminantes sumamente tóxicos de manera masiva. 
Los escombros fueron sacados sin protocolo alguno a otro sitio; testigos denunciaron que fueron tirados en un predio baldío de la colonia Paraíso y que los vecinos que desconocían su origen empezaron a llevarse materiales contaminados. 
Ésta es la historia de un grave suceso que ha provocado muerte y dolor, que estuvo acompañado de irresponsabilidades, omisiones y corrupción. 25 años debería ser suficiente tiempo para reconocer finalmente los graves errores que se cometieron y aprender de ellos.
 Las actuales autoridades de los tres órdenes de gobierno tienen en sus manos dicha tarea. Si no la llevan a cabo, no sólo estarán faltando a su más importante responsabilidad, la de velar por el bien de la ciudadanía, sino que estarán colaborando al próximo percance de este tipo.
Quien desee informarse más sobre la tragedia de Anaversa, puede consultar el documental: El perro que ladra a la luna: http://elperroqueladraalalunadoc.blogspot.mx/ *Dirección de Comunicación de la Ciencia, Universidad Veracruzana. Correo: betorres@uv.mx