Emergencia por contaminación en Río Sonora Demanda contra Mina de PROFEPA. ForTeVe .  19/08/14. Demanda penal contra minera que provocó derrame de químicos en río BacanuchiDespués de varios días de ver que ni a salivazos se quita la mancha de químicos que se derramaron en aguas del río Bacanuchi, en Cananea, Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Medio ambiente (Profepa) presentó una denuncia formal contra las empresas Grupo México y su filial Buena Vista del Cobre por su presunta responsabilidad en el derrame ocurrido el pasado 6 de agosto.Las empresas fueron denunciadas penalmente por delitos contra el ambiente y, de ser encontradas culpables, podrían recibir una sanción de hasta 40 millones… de pesos, ahh. Además de quitarles un pelo a sus ganancias, tendrían que hacerse cargo los costos que ha representado la atención de la emergencia y de toda la reparación de daños, los cuales no son pocos: durante 12 días pobladores de siete municipios no cuentan con suministro de agua: ni para consumo, ni para labores agrícolas. Todo el abastecimiento es por medio de pipas de agua. Por otra parte, 88 escuelas de la zona no iniciaron clases normalmente, debido a que no se cuenta con el debido suministro del vital líquido.

Leer relacionado: Aguas turbias. Por Marina González. ladiaria.com.uy. 22/08/14, El derrame tóxico en un río de México pone en cuestión la concesión a una empresa minera.
Siete localidades y una población de más de 20.000 personas son afectadas por un derrame de ácido de sulfato en el río Sonora, en México. El vertido fue causado por una fuga en las instalaciones de una empresa dedicada al cobre. El escándalo y las repercusiones sobre la población y la agricultura son tales que el Congreso pidió revocar la concesión a la empresa.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente denunció ante la Justicia Penal a las empresas Buenavista del Cobre y Minera México, filiales de Grupo México, por su presunta responsabilidad en el vertido, ocurrido el 6 de agosto, de 40.000 metros cúbicos de ácido de sulfato en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora, que recorre 420 kilómetros. El Grupo México pertenece a Germán Larrea Mota, el segundo hombre más rico de México, al que la revista estadounidense Forbes coloca en el lugar 67 de los más ricos del mundo.
La empresa, que podría tener que pagar hasta tres millones de dólares en multas, además de posibles penas de prisión para sus responsables, se defendió en un comunicado alegando que lo ocurrido fue un hecho “fortuito” y que su respuesta fue “pronta” y “completa”. El texto fue enviado el miércoles a la Bolsa Mexicana de Valores, donde sus acciones sufrieron ayer una baja de 2,59%, de acuerdo con el diario mexicano La Jornada.
El grupo también recordó que Buenavista del Cobre “genera 9.000 empleos directos, produce y exporta 200.000 toneladas de cobre refinado” y que eso implica importantes ingresos para la zona. Explicó que de acuerdo a “los estudios técnicos realizados” el desastre se debe a “lluvias por arriba de la media” en la región de Cananea, la localidad en la que se encuentra el yacimiento. También aseguró que el vertido, que tiñó las aguas del Sonora de anaranjado a lo largo de 60 kilómetros, “no se trata de un desecho o residuo peligroso”. En el río Bacanuchi el agua contaminada se extiende en 89 kilómetros.
Además, la empresa informó que había anunciado a distintas autoridades que entregaría como reparación unos 235.000 dólares a los municipios afectados. El delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua, César Lagarda, había dicho días antes que el accidente se debía a un “defecto en la estructura de la represa de la mina, que no estaba ni bien monitoreada, ni bien construida”. En tanto, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra, respondió que Grupo México “mintió” porque el derrame no se debe a las lluvias y que la empresa no entregó ayuda financiera a los afectados. Esto último fue confirmado por alcaldes a La Jornada.
Los medios mexicanos indican que las personas afectadas por lo ocurrido son unas 20.000, habitantes de siete localidades del noroeste de México, donde se concentra 27% de la actividad minera del país, y que es la principal productora de oro, grafito y cobre. El accidente implicó que se atrasara el inicio del año lectivo en 88 escuelas por riesgos de contaminación y la entrega de decenas de miles de litros de agua a la población que parecen no alcanzar para su abastecimiento. Los medios locales reportan denuncias por lesiones a personas (quemaduras en su mayoría) y muertes de animales, supuestamente vinculadas al vertido.
Hasta que se conozca el resultado de los análisis en curso, está prohibido el uso de agua para consumo humano y producción agropecuaria en una zona que abarca 250 kilómetros. Esos resultados debían ser publicados hoy.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció que investigará “posibles violaciones a los derechos humanos a los habitantes de la región”. Además, la Comisión Permanente del Parlamento pidió que el gobierno cancele la concesión de la mina al Grupo México mientras se evalúan los daños generados, debido a la presunta negligencia de la empresa en el manejo de los tanques de almacenamiento de residuos químicos. “Esta situación no fue informada de forma inmediata por la compañía a las autoridades ni a la población, lo cual impidió que se tomaran las medidas necesarias para prevenir que esta catástrofe ambiental llegara al nivel en que hoy se encuentra”, dice el texto presentado por el diputado Fidel Pacheco, del gobernante Partido Revolucionario Institucional, de acuerdo con la agencia de noticias Efe. El legislador señaló que lo ocurrido afectará en primer lugar a los sectores más desprotegidos de la sociedad del estado de Sonora, por la caída de la producción agropecuaria.